Por Antonio Oieni y Darío Pérez

Aunque recién el 21 de diciembre la Junta de Seguridad del Transporte (JST) emitirá un informe preliminar sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida Jorge Brito y su piloto, Santiago Beaudean, las evidencias reunidas hasta el momento pocas dudas dejan sobre los instantes finales del vuelo que terminó con el helicóptero del banquero estrellado, el pasado 20 de noviembre, en Peñas Blancas.

Ese viernes, tras una animada sobremesa con el gobernador Gustavo Sáenz en la residencia de Finca Las Costas, Brito tomó los comandos del Eurocopter Ecureuil, matrícula LV-FQN, y decoló poco después de las 14.30 rumbo a Cabra Corral.

El destino final del vuelo era Joaquín V. González, pero Brito sentía una especial atracción por el gran embalse moldeño y no perdía oportunidad de sobrevolarlo antes de enfilar, por encima del cañón del río Juramento, hacia su campo ganadero de Gaona. 

Cerca las 15.20 de una diáfana tarde la tripulación del helicóptero se comunicó por última vez con la torre del aeropuerto Salta. Fue el último contacto con la nave, que atravesó el sector norte de la presa a 5.000 pies de altura. 

Por alguna razón, que por estas horas tiene varias hipótesis abiertas por los expertos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST), el helicóptero comandado por Brito superó el murallón de Peñas Blancas a apenas 200 metros de altura sobre el lecho del río e impactó con la línea de señalización de las tirolesas que opera, desde 2005, la empresa Salta Rafting aguas abajo de las compuertas de Cabra Corral. 

La violenta colisión con la cuerda de seguridad de acero, que contenía al menos una media docena de boyas de señalización, arrancó el rotor de cola y parte del fuselaje de la nave. Poco después de las 15.30, una pareja que excursionaba en ese sector vio cómo un helicóptero ingobernable sacudía una de las cuatro secciones del canopy (tirolesa) y se desplomaba sobre el río. 

Fueron ellos los primeros en llegar al sitio y comprobar, con desazón, que ninguno de los tripulantes había sobrevivido al infernal accidente aéreo que acababan de presenciar.

En medio del dantesco escenario, los testigos vieron cómo la correntada se llevaba una de las boyas naranja que por estas horas forman parte de las evidencias clave que reunió la Justicia.

El Tribuno contrastó las observaciones iniciales de la causa con los testimonios de una media docena de guías de turismo y usuarios frecuentes del canopy (tirolesa) del Juramento.

Todos indicaron que el emprendimiento estaba señalizado, desde la primera hora, con una línea de seguridad que atravesaba el cañón del río a unos 200 metros de altura sobre el nivel del cauce. 

A su vez, fuentes de la investigación señalaron a este diario que está documentado que el helicóptero impactó contra la línea de señalización de la tirolesa. Agentes policiales, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y expertos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) que rastrillaron la zona tras el accidente recuperaron al menos tres boyas del cauce del río y otra en los faldeos sobre los cuales la cuerda de señalización quedó partida en dos.

Habló el operador

El titular de Salta Rafting, Sergio Barthaburu, manifestó que desde el primer momento está “a entera disposición para lo que necesiten en información y datos”. Aclaró en este sentido que desde el día del siniestro está colaborando con “los requerimientos de la Policía y los fiscales”.

“Salta Rafting es una empresa familiar que trabaja desde hace años con turismo aventura”, detalló Barthaburu y reveló que “en el año 2005 agregamos la actividad ‘canopy’, un circuito de tirolesas cuyos cables se encuentran por debajo de la altura mínima de vuelo permitido para las aeronaves, según documentación del Aeropuerto de Salta con la que contamos desde su instalación”.

El titular de la empresa de turismo aventura aseguró: “Trabajamos de manera ininterrumpida cumpliendo con todas las reglamentaciones y habilitaciones correspondientes”, y que “este es el primer accidente de este tipo en nuestra zona”.

Agregó además que “nunca hubo que lamentar incidentes en nuestros servicios que tantos salteños y turistas disfrutan desde hace tantos años”.

Tres fiscales

A nivel provincial, la investigación del trágico accidente aéreo de Peñas Blancas recayó en los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt.

El fiscal federal Ricardo Toranzos abrió otro legajo de investigación por la intervención de la jefatura del aeropuerto Martín Miguel de Güemes y de la JST, un organismo descentralizado de investigación multimodal que interviene ante accidentes e incidentes ocurridos en el transporte automotor, ferroviario, marítimo y aéreo, plano en el que absorbió a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) y que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación.

Una actividad que estaba autorizada y regulada

El operador del canopy contaba con la autorización de la autoridad aeronáutica.

El canopy operado por la empresa Salta Rafting, además de señalización, tenía autorización emitida por la autoridad aeronáutica competente.

Los datos, que anticipó El Tribuno en su edición del 21 de noviembre con documentación a la que accedió en exclusiva, ya forman parte del expediente de la investigación en torno al caso.

En 2005, la empresa presentó una nota ante la autoridad aeronáutica para informar sobre la nueva atracción. En la misma solicitaron indicaciones respecto de las medidas de seguridad a tomar para -justamente- evitar accidentes.

En la nota elevada al director de Aeronáutica de la Provincia exponen que “a pesar de no ser esta una zona de tráfico aéreo, nos parece importante informar para que haya conocimiento de esta nueva infraestructura que estamos montando. El canopy va a estar señalizado a la entrada y a la salida con globos pintados de naranja, esto va a permitir delimitar el área”.

Detallaba que “la señalización tiene como principio minimizar todo riesgo tanto para las personas como para los helicópteros que puedan circular a baja altura sobre el área. Si existiera alguna otra medida de seguridad que debiéramos tomar, le agradeceríamos nos comunique”.

La respuesta oficial fue que “no habría impedimento alguno para el desarrollo de la actividad, en virtud de que en dicha zona la altitud mínima de seguridad a mantener por las aeronaves es de 600 metros sobre el obstáculo más alto”.

Asimismo, señalaba: “Tenemos plena conciencia que hay excepciones que escapan a la regla, debido a esto, es que le solicitamos una clara demarcación de la zona que va a ser cableada, a fin de que sea bien visible desde el aire, asimismo solicitamos, que ante un eventual vuelo rasante de cualquier tipo de aeronave, el personal que se encuentre en el lugar, trate de recabar la mayor información posible a saber: hora, color, matrícula, orientación del vuelo, tipo de aeronave (avión o helicóptero) y otras”, ya que “dicha información es necesaria para completar la documentación a fin de labrar las correspondientes Actas de Infracciones que pudieran surgir, para lo cual solicitamos que el personal que constate dicho hecho se presente en la oficina de Plan de Vuelo de este Aeropuerto”.