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El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe informó hoy que se realizaron nuevos allanamientos en relación a la causa Vicentin, que derivaron en el secuestro de diversos materiales de interés para la investigación.
14 DE Diciembre 2020 - 18:28
El fiscal Miguel Moreno, quien tiene a cargo la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, allanó este lunes a la mañana la sede de Vicentin en Avellaneda y domicilios particulares de los principales accionistas y exdirectores de la agroexportadora en default. El fiscal acumuló las denuncias por estafa y fraude que vino recolectando y dispuso ahora las primeras medidas.
"Tenemos el convencimiento que hubo hechos ilícitos", señalaron desde la Fiscalía. Vicentin acumula denuncias por fraude y estafa de importantes acreedores, desde el Banco Nación, hasta el Banco Macro, pasando por un pool de bancos internacionales y hasta la comercializadora Grassi. La búsqueda de información es para determinar las responsabilidades personales de los ilícitos investigados.
Imagen gentileza Data Clave
Viviendas particulares
Una de las viviendas allanadas es del exdirector financiero de Vicentin, Roberto Gazze. Para los denunciantes, pese a su bajo perfil mediático, por ser quién estaba a cargo de las finanzas del grupo, Gazze sería uno de los principales arquitectos del armado de muchas sociedades en el exterior que permitieron a la empresa ocultar pasivos (para seguir recibiendo dinero) y fugar activos. Es más, los bancos acreedores adjuntaron en su denuncia un informe firmado por Gazze y fechado en julio de 2019 en el que aseguraba que la liquidez de la empresa era óptima y por eso siguió recibendo créditos del exterior hasta el momento de su default, informe que para los acreedores del extranjero muestra claramente la intención de estafarlos que tenía la conducción de Vicentin.
Otras de las viviendas allanadas son las de los hijos del expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Máximo Javier Padoan y Cristian Andrés Padoan.
También allanaron el domicilio de Daniel Nestor Buyatti, Martin Sebastian Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, todos exdirectivos de la defaulteada aceitera.
Los procedimientos
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Fiscalía y personal del Organismo de Investigación del MPA. "En todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación, secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa; además la identificación de todas las personas que se encuentran en los inmuebles. No hay órdenes de detención libradas", se informó oficialmente.
El default de Vicentin, calculado en US$ 1.400 millones, tiene tres grandes grupos de acreedores, y como gran particularidad todos coinciden en que la aceitera los estafó.
Por un lado, los bancos internacionales, que como grupo es el principal acreedor ya que les deben US$500 millones. El otro es el Estado, con el Banco Nación a la cabeza, al que le deben US$300 millones. Tanto el Banco Nación como el pool de bancos extranjeros denunciaron por estafa a Vicentin. Y finalmente el tercer grupo que es el de los acreedores comerciales. En ese lote, el primer acreedor es ACA y el segundo es el acopio de los Grassi (llamado Commoditie). Pero ACA, con el estallido del default, se concentró en cómo resolver el impacto financiero puertas adentro y manifestó su vocación de acompañar pero no liderar negociaciones para buscarle una salida a la crisis. Precisamente, ese papel en el centro de la escena entre los acreedores comerciales lo ocupó la familia Grassi, que también denunció penalmente por estafa y fraude a Vicentin.
Si bien hubo un grupo de productores que ya en junio había denunciado penalmente a Vicentin, pidiendo a la Justicia que allane los domicilios, lo cierto es que el fiscal prefirió esperar a seguir colectando denuncias. Recién cuando a fin de septiembre, la empresa presentó su balance 2019, los grandes acreedores, totalmente inconformes con la información expuesta, fueron a los Tribunales.
Fuente: Rosario 3