En la última sesión del 2020, el Senado modificó el proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados y la denominada ley de ficha limpia quedó como otra reforma electoral pendiente.

Los senadores consideraron que la iniciativa que aprobaron los diputados deja abierta la puerta para que sea atacada por inconstitucional.

El de la ficha limpia no es el único cambio que quedó colgado dentro de un paquete que sonaba ambicioso con respecto a otorgar transparencia en los comicios, claridad en la representación, eliminar las dobles candidaturas, eliminar el cuestionado sistema de voto electrónico.

Incluso la propuesta que envió el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura para modificar la Constitución Provincial a fin de reducir mandatos quedó guardada en los armarios de las principales oficinas legislativas.

El debate en el arco político salteño sobre la necesidad de reformar el sistema electoral se instaló con fuerza tras el escándalo sexual que protagonizó Juan Ameri en la Cámara de Diputados nacional y por el que tuvo que renunciar a la banca que representaba a Salta.

Solo las PASO

Por ahora solo se avanzó en eliminar transitoriamente las PASO, durante el 2021 por razones económicas, y para revalorizar a los partidos se dispuso que vuelvan al viejo sistema de elección interna de candidatos a través de los mecanismos que fijan sus cartas orgánicas.

Diversos espacios políticos consideran que con este esquema se anula la participación y se deja al arbitrio de los jerarcas partidarios la digitación de las candidaturas.

A pesar de que la ley ya tenía media sanción, el intento de eliminar el costoso mecanismo de voto electrónico quedó sepultado luego de la sugerencia del Ejecutivo por la continuidad, que se hizo a través del ministro político, Ricardo Villada, durante la ronda de consulta del Senado.

Cambios

La ley de ficha limpia para evitar que quienes transiten una situación judicial sean candidatos a cargos electivos provinciales o municipales generó una gran expectativa en el mundillo político y en la comunidad.

El primer paso lo dio la Cámara de Diputados al aprobar un proyecto de ley que apuntaba a establecer que no podrán ser candidatos a cargos provinciales y municipales quienes porten una condena por sentencia judicial en "segunda instancia" y enumeraba una serie de delitos.

Estos criterios no fueron compartidos en el Senado, donde modificaron la iniciativa, la devolvieron a Diputados y quedó pendiente de definición hasta el reinicio de la actividad legislativa del próximo año.

El artículo primero del proyecto de los senadores establece que no podrán ser candidatos los condenados por sentencia, mientras dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración; los fallidos no rehabilitados; los afectados de incapacidad física o moral; ni los deudores morosos del fisco provincial, después de sentencia judicial que los condene.

Además, determina que las agrupaciones deberán requerir la presentación de antecedentes de conducta que consideren necesarios y ante el incumplimiento, faculta al Tribunal Electoral provincial a imponer al partido político "una multa de hasta cien IUS que fija la Ley 8035".

La IUS es la unidad arancelaria de honorarios profesionales de los abogados y procuradores y el valor es estimado en el 1% del sueldo neto de un juez de primera instancia con una antigedad de ocho años.

En el proyecto del Senado, se impone la obligación para que los partidos políticos, agrupaciones municipales y frentes electorales respondan por la solvencia moral y los antecedentes penales o policiales de sus candidatos que resulten electos, aun cuando con posterioridad a la asunción el causante renuncie a la fuerza política.

Las diferencias

La senadora Silvina Abilés puntualizó en el recinto que el concepto de hasta una segunda instancia no es una sentencia firme, que es cuando ya pasaron por todas las instancias judiciales.

"Si aprobamos lo de Diputados se dará la posibilidad a aquel candidato que pudiera tener una ficha no limpia, atacar de inconstitucional esa ley porque va en contra de los mandatos que están establecidos en el artículo 125 de la Constitución Provincial", sostuvo.

Abiles pidió no olvidar que se trata de un tema que ya está establecido en la Carta Magna provincial y lo que se hace en el Senado es reglamentar esa manda siguiendo los lineamientos constitucionales.

La representante por La Caldera también puntualizó que los senadores no hacen distinción de delitos como hace diputados "porque consideramos que es todo aquel que tenga una sentencia y vamos más allá al fijar que los partidos tengan como obligación, al momento de postular sus candidatos, la exigencia de que cumplan con los requisitos, caso contrario serán pasibles de multa.

Abilés se mostró convencida de que la Cámara de Diputados tratara al ley en las primeras sesiones del próximo año "ya que se trata de un tema en el que todos estamos de acuerdo".