Hoy debía realizarse en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de la Provincia de Salta la tercera pericia para determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida de Rafael Nahuel.

El joven mapuche fue muerto por un disparo de un arma de 9mm en circunstancias en que una patrulla del Grupo Albatros que custodiaba tierras fiscales de la Administración de Parques Nacionales en Bariloche (Río Negro) se cruzó con un grupo de mapuches que tenían una construcción en el lugar. La Prefectura utilizó balas de goma y luego armas de fuego. 

Esta nueva prueba fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, luego de dos pericias con resultados contradictorios. La primera de ellas fue realizada por peritos independientes de la Policía de Río Negro -Roberto Nigris y Karina Uribe- y había arrojado como resultado indubitable que el proyectil que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos, uno de los cinco integrantes del grupo Albatros que ingresó a la comunidad Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.

El cabo Francisco Pintos

A pesar de la contundencia de la pericia realizada por los prestigiosos profesionales, el por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó un segundo informe y lo encargó a la Gendarmería Nacional, una fuerza dependiente del ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, al igual que la Prefectura que es investigada en la causa.

Esa pericia no pudo determinar de qué arma salió el disparo letal. Por ello, la Justicia Federal ordenó una tercera prueba. Pero la misma, a pesar de la antelación con la que fue convocada (principios de noviembre de 2019) no pudo ser realizada este miércoles debido a los significativos faltantes.

• Los peritos constataron que entre las armas que fueron secuestradas tras el asesinato de Nahuel y que permanecían en custodia no están el subfusil MP5 correspondiente a Pintos y el que portaba el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón.
• Además tampoco fue incluido en el material enviado a Salta el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel, pieza clave para realizar la comparación microscópica que podría determinar con qué arma fue disparado.

Así quedó registrado en un acta, que da cuenta de los elementos recibidos en el Ministerio Público de la Provincia salteño, y donde no figuran las dos armas ni el proyectil.

Los abogados querellantes de la familia, Natalia Araya, y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, analizaban esta tarde los pasos a seguir ante el escandaloso hecho, y no descartaban la presentación de una denuncia penal.

Los tres elementos faltantes estaban en poder de Gendarmería desde la realización de la segunda pericia. A esa fuerza de seguridad correspondía la custodia.

El abogado Sebastián Feudal dijo que lo sucedido “es en el mejor de los casos una torpeza inadmisible que sirve para describir la negligencia con la que se investiga”.

Feudal confía en que los elementos aparezcan y puedan ser peritados.

Sin embargo, otro dato arroja sombras sobre el proceso: Entre los peritos que iban a participar del estudio en Salta no había ninguno que represente al Ministerio Público del Juzgado Federal de Bariloche.

Es decir que la estructura pública que tiene la carga de la investigación no participaría de la medida clave para determinar la responsabilidad del disparo mortal.

Fuentes: ADN y En estos días