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Sebastián Moro junto a su colega Gloria Beretervide. Imagen gentileza familia Moro
En el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a información pública registradas, se encuentra el posible asesinato del periodista Sebastián Moro.
8 DE Abril 2020 - 16:16
"Para esta oficina es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, dice el texto en relación a la muerte del periodista de Prensa Rural y Radio Comunidad de la CSUTCB en Bolivia, Sebastián Moro.
Sebastián Moro
Según el relato, el hecho ocurrió el día de la toma de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 9 de noviembre, por parte de grupos violentos que pedían la renuncia de Evo Morales. El mismo día que vejaron y amarraron a un poste al director de la radio comunitaria y del Periódico Prensa Rural, José Aramayo.
Sebastián Moro, también colaboraba con el periódico argentino Página 12, donde mandaba artículos de lo que acontecía en Bolivia. “Un día después, el 10 de noviembre, y tras haber enviado el último artículo al medio argentino sobre la situación en Bolivia, el periodista fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada”, dice el informe.
La última que envio Sebastián Moro a Página 12
Cita un parte médico que señala “un ACV (accidente cerebro vascular), aunque la familia ha denunciado que podría haber posibilidad de que haya sido asesinado por su trabajo periodístico”.
“La CIDH y su Relatoría Especial han recibido información sobre las circunstancias poco claras que rodean la muerte del periodista, entre ellas, el parte médico sobre politraumatismos en su cuerpo”, señala el informe.
Además, el documento cuenta la desaparición de “herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones”. También “llamados telefónicos borrados del celular y según denuncias presentadas por la familia, la clínica privada habría secuestrado los documentos médicos del periodista”.
Firmado por el relator Edison Lanza, el informe recuerda que la CIDH expresó en la crisis de octubre y noviembre su preocupación sobre casos de “persecución y hostigamiento” a periodistas independientes y comunicadores populares.
Cita entre ellos el corresponsal de la Izquierda Diario Carlos Cornejo, el artista Leonel Jurado, el colaborador de Desinformémonos de México Juan Trujillo, el estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Alexander Fernández y los gestores de redes sociales (por medio de medios digitales) Orestes Sotomayor y Alejandra Salinas, “a través del uso de figuras penales como ‘terrorismo’ y ‘sedición’”.
Según el informe, el uso del marco jurídico a través de tipos penales como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ utilizados no solamente para perseguir, sino también para silenciar a periodistas y comunicadores populares que denunciaban vulneraciones al ejercicio de sus derechos fundamentales.
También recuerda la amenaza de la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, con procesos penales a periodistas y “pseudoperiodistas”, nacionales e internacionales, por sedición. “Además, indicó que ‘esos periodistas ya están identificados´ y que el ministro de Gobierno ‘va a tomar las acciones pertinentes’”, cita el informe.
Forma extrema de censura
La Relatoría Especial indica que el asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes.
“En esta línea, la CIDH recibió con preocupación la información de la publicación del Decreto Supremo de No. 4078 el 15 de noviembre, respecto de la actuación de las FFAA en el país”, dice el informe respecto al decreto que exime de responsabilidad penal al personal de las FFAA que participe en los operativos de represión.
Fuentes: La Razón (Bolivia), La Resistencia noticias