La cúpula de CAME fue denunciada ayer ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por el presunto manejo irregular de fondos destinados al fortalecimiento y capacitación de sus entidades asociadas.

El expediente N§ 3.113.141 se tramita en la IGJ contra CAME tras una denuncia presentada por el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Humberto Salas, por la supuesta "administración, distribución irregular y desvío de fondos" del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) por la suma de 353 millones de pesos.

De acuerdo con Salas, la asignación de esos fondos a federaciones y cámaras asociadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se habría realizado "en forma absolutamente irregular".

Salas argumentó que el Consejo Directivo de CAME, integrado por 90 consejeros, es el que debe tomar las decisiones que conciernen a la entidad y encargarse de la distribución de los fondos recibidos por el Inacap.

Sin embargo, según consta en la denuncia, el destino de los fondos fue determinado "de manera irregular" por unos pocos integrantes de la cúpula directiva de CAME.

En esa nómina figuran el presidente Gerardo Díaz Beltrán, el ex secretario general José Bereciartúa, el secretario de Hacienda José Luis Valdez, el vicepresidente segundo Ricardo Diab y el ex secretario de Capacitación Edgardo Martín Trubycz, según trascendió a la prensa. Los cinco fueron denunciados por haber manejado "a espaldas y sin el consentimiento del consejo directivo" millones de pesos durante el ejercicio 2019. Esta situación "arbitraria", de acuerdo con la presentación judicial, viola el Estatuto Social de CAME y también la resolución 600/2008 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que regula la distribución de fondos del Incap.

Fuentes de CAME le dijeron a la prensa que "no hay ninguna denuncia formal contra la entidad" y agregaron que "aparecen siempre estas operaciones cuando hay elecciones" en el organismo, "como parte del lamentable folclore electoral de la disputa de listas".

CAME agrupa a 1.500 federaciones, cámaras, centros y uniones comerciales de todo el país, que comprenden más de 600.000 pymes, y las elecciones en la entidad, para las cuales deben reunirse unos 2.000 directivos de todo el país, están aplazadas a causa de la pandemia.

Ante la consulta, la CAME relacionaron la denuncia con las elecciones que debían celebrarse en abril pasado para renovar autoridades en la entidad y que por la pandemia están suspendidas.