Las denuncias de los remiseros siguen cayendo en saco roto. Mientras que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autorizó ayer un nuevo beneficio económico para los dueños de las agencias de remises, choferes profesionales afirman que continúan las irregularidades en el cobro de las licencias que deben alquilar para trabajar.

Desde la AMT modificaron la regulación que se había tomado por la pandemia para que los agencieros cobren hasta el 50% de la tarifa que figura en los convenios que tienen con los trabajadores del volante. A ese porcentaje lo llevaron al 75% con la disposición publicada ayer en el Boletín Oficial.

El delegado de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (Ucras), Sergio Salinas, aseguró a El Tribuno que solo el 30% de las 53 agencias habilitadas de la capital salteña acataron la orden del organismo provincial.

"El resto siguió cobrando la misma tarifa diaria que exigían antes de la pandemia, que aún peor es mucho más que lo que figura en los convenios", afirmó el dirigente sindical.

Salinas es uno de los siete remiseros detenidos por el choque con policías que se produjo el 11 de junio pasado frente a la Legislatura cuando protestaban justamente por los abusos de los agencieros. Seis de ellos, incluido Salinas, se encuentra con prisión domiciliaria mientras que otro chofer, quien habría arrojado una piedra a un efectivo, está alojado en la Alcaidía.

Sobre la situación de los detenidos, quienes están imputados por coacción agravada, lesiones graves y resistencia a la autoridad, habría novedades este lunes en una audiencia que tienen en Ciudad Judicial.

Caso testigo

Las irregularidades que denuncia Salinas se hacen carne en el caso de Verónica Gómez, quien se quedó sin trabajo por reclamar al dueño de la agencia donde alquilaba una licencia de remís que le den una factura por esos pagos.

La mujer contó ayer por Radio Salta que es madre soltera de dos hijos y empezó a trabajar como remisera hace un año para poder subsistir. Dijo que en el contrato que firmó con el titular de la remisera Terminal, que fue rubricado por un escribano, figura que debía pagar una tarifa diaria de $280 por el alquiler de una licencia, es decir $1.960 por semana. Sin embargo, se vió obligada a abonar $3.700 por semana.

Cuando hace dos meses, en el medio de la peor parte de la cuarentena, quiso abonar lo que figura en el contrato, el agenciero, de apellido Farfán, se lo negó. Insistió, entonces, en que le dé una factura por los $3.700, pero también fue negativa la respuesta.

Afirmó que su historia se repite en la mayoría de las agencias. Por cierto, no es una novedad su relato como así también la inacción de la Autoridad Metropolitana de Transporte ante esos abusos. La AFIP también brilla por su ausencia.

Gómez contó que denunció al dueño de la agencia en la AMT, pero nunca la llamaron ni hubo actuaciones para corroborar sus dichos.

A todo esto, el titular de Ucras afirmó que la misma situación de la conductora la padecen 11 choferes de la agencia ubicada en la esquina de Gorriti y San Luis