Tras el escándalo por la declaración de los tres exgerentes del PAMI, acusados por el cobro irregular del ingreso familiar de emergencia (IFE), quienes afirmaron ante la Justicia federal que el 20% de sus ingresos era retenido por La Cámpora en Salta, El Tribuno pudo saber que ya existe una investigación judicial en curso sobre los responsables locales de la agrupación política, que tiene como líder a nivel nacional al diputado Máximo Kirchner.

Anoche la televisión nacional se hizo eco de la información publicada por El Tribuno el viernes de la semana pasada, que daba cuenta de las declaraciones testimoniales de los tres exgerentes del PAMI de Orán, Embarcación y El Carril, quienes fueron acusados por defraudación al Estado por cobrar o gestionar el IFE, la ayuda económica destinada exclusivamente a los más vulnerables durante la pandemia.

Estas declaraciones tomaron otro rumbo de escándalo cuando dos de los acusados revelaron ante la jueza federal Liliana Snopeck que el 20% de sus sueldos era retenido por Marcos Vera, exdirector de Anses en Salta (también sospechado por cobrar el IFE) y Verónica Molina, actual titular del PAMI local.

   Marcos Vera - Verónica Molina
 

Delitos Complejos

Fuentes ligadas a la Justicia Federal confirmaron ayer a El Tribuno que estas declaraciones accionaron una investigación por parte del fiscal Ricardo Toranzos en el área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien ya tendría elementos de prueba suficientes para abrir una causa paralela por el cobro del 20% de los salarios que son destinados para La Cámpora.

Aunque no pudo ser confirmado, es de suponer que la investigación de Toranzos apunta directamente a Marcos Vera y a Verónica Molina (referentes de La Cámpora en Salta), quienes son textualmente citados en las declaraciones de los exgerentes del PAMI.

Se trata de Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran encargados de la obra social nacional de los jubilados en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación.

Los tres acusados expresaron su deseo de prestar declaración sobre el cobro irregular del IFE, pero en su declaración, dos de ellos se refirieron puntualmente a la retención de sus haberes. Si bien este tema puntual no está vinculado con el escándalo antes mencionado, resulta un agravante sobre la sospecha siempre vigente del financiamiento de la agrupación política y los manejos de los fondos públicos.

Militantes o parientes en designación 

De los tres exgerentes del PAMI acusados por el cobro irregular del IFE, dos fueron condenados y uno absuelto. Este último caso corresponde a Emilia Juárez, quien estuvo a cargo de la obra social en El Carril. 

Pese a ser absuelta, su testimonio había llamado poderosamente la atención, sobre la forma en que fue designada al frente de la delegación del PAMI: “En realidad nunca fue para mí (el cargo), porque la designación fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora desde el 2016. La designación llegó para ella, pero como ella es estudiante de abogacía, no podía por el tema de los estudios. Entonces me la ofreció a mí porque yo estaba relacionada como enfermera con los adultos mayores”, había expresado Juárez.
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