Luego de que se conociera la denuncia de la joven a la que le efectuaron un aborto de 22 semanas y dos días de gestación en el hospital Juan Perón, en Tartagal, donde acusó a la médica Miranda Ruiz de obligarla a realizar la interrupción del embarazo, la profesión salió a dar explicaciones y apuntó contra “grupos mafiosos” que “defienden intereses personales y políticos”. 

En un audio que se viraliza, Ruiz se preguntó: “Una de las primeras cosas que yo me pregunto es quién protege a las mujeres en la provincia de Salta”. E inmediatamente apuntó: “Aparentemente existe como una organización mafiosa entre la Justicia, algún sector político,  la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores”. Ay agregó: “Que no solo no les importó avasallar la intimidad de la paciente cuando decidió acceder a la IVE donde la expusieron mintiendo sobre la historia clínica para defender sus intereses personales y políticos”. 

La médica declaró que “esa paciente fue usada políticamente, yo también y su familia también. No solo la expusieron  sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia. Lo que tiene que entender la paciente es que si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto”. 

Ruiz se refirió al documento que comprometería su situación donde la  joven gestante dice que se arrepintió y que pidió a los profesionales volver atrás con el procedimiento.

“Yo le  pido por favor a esta organización mafiosa que nos deje trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte argentino. Que nos deje trabajar como corresponde y continuar con nuestro servicio público...  Y que se dediquen a otra cosa, dejen de jugar a la democracia”, declaró. 

Cuando e conoció el caso el fiscal  ordenó  la detención de la médica pero  fue liberada a las pocas horas ante la presión política del Gobierno nacional y la conmoción que provocó el caso en todo el país.

“Es una vergüenza que hayan obligado a mi paciente a mentir y a dar un falso testimonio, la están exponiendo. Llamo a una racionalidad: quién nos protege a las mujeres en Salta”, volvió a preguntar. 
 
“Este es un caso de ‘Lawfare’ de libro que no tiene interés jurídico. Que es sencilla, que la historia clínica esta muy bien escrita,  que yo indico un tratamiento administrado. Esta causa penal es muy sencillo. Estoy cumpliendo con la ley”, dijo. Y añadió: “Hay testigos, está el consentimiento informado, tengo conversaciones con mis pacientes... Quién nos protege a las mujeres y a los trabajadores de la salud. Nadie reflexiona... que va a movilizar a una médica a obligar a una paciente a abortar”. 

“Yo no soy ginecóloga, no soy cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados. Yo no puedo obligar a nadie a abortar”, declaró Miranda Ruiz.

Y finalizó: “Esto parece una cacería de brujas.  Jamás me imaginé en mi vida que iba a pasar algo así”.