Hay dos noticias que inquietaron al sector formal de la construcción de la provincia. Se trata de medidas que favorecen y promocionan la contratación de cooperativas para obras públicas. Eso fomentaría, sostienen en las empresas locales, la competencia desleal en el sistema de contrataciones del Estado y pondría en riesgo la continuidad de pequeñas constructoras.

Una de las disposiciones está vigente desde la semana pasada con un decreto presidencial. Ordena la posibilidad de adjudicación a cooperativas de trabajo de hasta el 30% "de la obra pública nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda en la realización de obras de hasta $300.000.000" .

La otra medida se gesta en el Senado de Salta, con un proyecto para reformar la ley provincial de contrataciones y habilitar a las cooperativas a que accedan a obras públicas equivalentes hasta 7.500 jornales (que en la actualidad ronda los $22 millones). La iniciativa obtuvo dictamen el miércoles pasado en la comisión de Legislación General.

"Van a terminar destruyendo a las empresas constructoras chicas", afirmó en diálogo con El Tribuno el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Juan Carlos Segura.

El dirigente sostuvo que los requerimientos legales para el funcionamiento de las cooperativas no se comparan con los que deben cumplir las constructoras, no solo ante el fisco sino también con respecto a la contratación de trabajadores.

"Es una competencia contra la que no podemos pelear, porque las cooperativas no pagan los mismos impuestos y no son los mismos costos que manejan", señaló Segura.

"No tienen estructura para hacer obras. Les dan la posibilidad de que construyan, pero sin tener los medios para hacerlo", agregó.

La Cámara Salteña de la Construcción agrupa a unas 90 empresas. Mientras que en la provincia existen unas 300 cooperativas que se dedican a la construcción, de acuerdo a lo que indicó el delegado en Salta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Tane Da Souza.

Las obras públicas con presupuestos de hasta 7.500 jornales abarcan desde remodelaciones de escuelas hasta la construcción de tinglados o canchones deportivos, según dio como ejemplo Segura.

"Son construcciones que no van a tener la misma calidad si las hace una cooperativa; son obras que no se van a terminar, en tiempo y forma. Eso se lo puedo garantizar a cualquiera", aseguró el empresario.

Ese fue un punto que trataron los senadores de la comisión de Legislación la semana pasada, quienes plantearon "la necesidad que cada empresa social que sea contratada para la ejecución de obras lo haga con responsabilidad y calidad", consignaron en un parte oficial.

Por su parte, el titular del Inaes dijo en una reunión que tuvo con los mismos legisladores que con las cooperativas "el Estado tiene los mismos pasos para fiscalizar la ejecución de obra pública" que con una empresa formal.

En cuanto a la medida nacional que incorpora a las cooperativas a la obra pública hubo un comunicado de la Cámara Argentina de la Construcción donde plantea que las pymes constructoras "están en peligro de extinción por competencia desleal de cooperativas informales".

Sobre ello, Segura añadió que se trata de una iniciativa que se pergeñó "para sumar unos votos en las elecciones".