En un reciente procesamiento, dictado el 13 de abril pasado en contra de Juan Carlos Alzugaray -un ex jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia-, el juez federal N°1 Julio Bavio sacó a luz otro hecho de lesa humanidad que evidencia el grado de impunidad y desprecio por la vida humana que imperaba en Salta, durante la última militar.

El caso se distingue porque la violencia fue dirigida hacia una persona que no encajaba con el perfil de “enemigo de la seguridad nacional”, pues se trataba nada menos que de un colega: Héctor Ramón Pérez, ex integrante del servicio penitenciario provincial, cuyo pecado fue haber cuestionado el accionar represivo en el caso conocido como la “Masacre de Palomitas”.

Pérez ostentaba la jerarquía de prefecto mayor y, al momento del asesinato masivo de los 11 presos políticos, se desempeñaba como Director de Seguridad, por lo que conocía al detalle cómo salieron esos detenidos del penal de Villa Las Rosas rumbo a Palomitas, donde fueron acribillados.

Alzugaray, su amigo y colega en esa fuerza provincial, sabía lo mismo y aún más, pues al momento del caso Palomitas era el jefe de la Guardia Externa del penal, razón por la cual fue juzgado y condenado a 20 años de prisión como partícipe necesario, sentencia dictada por el juez Bavio el 5 de diciembre de 2011.

Con el correr del tiempo, aquel deleznable hecho que sesgó la vida de once presos políticos, se mantenía latente dentro del penal. Era un secreto a voces, del cual todos se cuidaban de mencionar, en especial ante los jefes que tuvieron alguna participación.

Uno de ellos, y según surge del procesamiento, era precisamente Alzugaray, quien había llegado al servicio penitenciario provincial procedente de la Policía Federal, donde se le adjudicaba haber realizado tareas de inteligencia.

Héctor Pérez

Pérez, en tanto, se desempeñaba en esa fuerza desde 1972 y lo hacía en la Unidad Carcelaria de Orán, aunque en 1976, cuando su padre, Héctor Braulio Pérez fue designado director del Servicio Penitenciario, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas.

Ambos coincidieron rápidamente y se hicieron amigos, aunque esa amistad se alternaba con discusiones esporádicas en la casa de Pérez. Al respecto, y como resultado de una profunda investigación impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos, se logró reunir varios testimonios que dieron cuenta de que víctima y victimario solían andar siempre juntos.

En ese marco, un testigo de identidad reservada aportó un dato clave, al señalar que Pérez, dos días después de la masacre de Palomitas, reunió al personal administrativo e informó que lo sucedido con los 11 presos “lo hicimos” por orden del Poder Ejecutivo Nacional.

Discusión interna

A este episodio siguió otro aún más revelador, el cual también fue descripto por el testigo, quien precisó que “escuchó discutir a Pérez en su oficina con Alzugaray y otros, oportunidad en las que Pérez les preguntó “qué les iría a pasar cuando se diera vuelta la torta”, refiriéndose a lo sucedido en Palomitas”. Estas palabras, según  el  testigo,  dieron  a  entender  que  personal  penitenciario intervino conjuntamente con el Ejército en la masacre, situación que se agravó más adelante, cuando en 1977, a dos meses de que su padre se retiró del cargo de director, fue sumariado y dejado cesante.

Para la fiscalía, era indudable que Pérez permanecía en la fuerza gracias a la cobertura de seguridad que le brindaba su padre, la que desapareció una vez que se jubiló por invalidez. Al verse solo y con un sumario que consideraba injusto, Pérez no menguó en valorar su frágil situación, sino que buscó tener contacto con las principales autoridades militares en Buenos Aires.

Su intención, según algunos testigos, era revertir la acusación en su contra. Y para ello, anticipó que estaba dispuesto a revelar ciertos “temas” que sucedían en el penal, entre ellos lo ocurrido en Palomitas, un hecho que, a todas luces, desaprobaba.
Esta postura, a criterio del juez, no era oportuna por parte de Pérez, pues de las testimoniales brindadas por otros familiares y amigos, se pudo establecer que antes de entrar a trabajar en el Servicio Penitenciario, la víctima estudiaba abogacía en la ciudad de La Plata.

Al respecto, un cuñado dijo que allí, Pérez se había hecho admirador del “Che Guevara”, a la vez que añadió que “Cacho”, como le decían, estaba en contra de lo que sucedía en aquella época y era identificado como simpatizante de la guerrilla. Agregó que su admiración por el “Che” era tal que a su primer hijo le puso Héctor Ernesto y que también tenía una colección completa de Ernesto Guevara, pero que la tuvo que quemar cuando se produjo el golpe militar.

Esta situación, para el magistrado, era ampliamente conocida por Alzugaray, pues eran parte de los temas que hablaban cuando se reunían en la casa de la víctima. Sobre esas reuniones, la esposa de Pérez sostuvo que tenía prohibido escuchar dichas conversaciones.

Desaparición y muerte

Tras la salida de su padre como director del Servicio Penitenciario, los días de su hijo estaban contados. Pérez era consciente de ello, pues luego de intentar, en vano, recomponer su situación laboral, comenzó a extremar las medidas de seguridad en su entorno familiar.

Tanto fue así que el 7 de noviembre de 1977, el mismo día que fue puesto a disponibilidad, Pérez desapareció. Unos días antes, algunos amigos de su paso por la Policía Federal, le habían advertido que debía cuidarse debido a que corría peligro.

Sobre la última vez que vio con vida a su esposo, la viuda relató que ese día, por la tarde, Pérez armó su valija, reunió a sus hijos y le dio instrucciones para que no salieran a la calle, pidiéndoles que extremen los cuidados en materia de seguridad. Luego, se despidió y todos creyeron que se iba a Buenos Aires para seguir con las gestiones destinadas a revertir su situación laboral, aunque esa idea se desvaneció a las horas, cuando una patrulla de la Policía Federal llegó a la casa en busca de Pérez, revolvió todo, rompieron algunos muebles y se marcharon.

A los días siguiente, la familia vio pasar en reiteradas oportunidades un auto Ford Falcón por frente a la casa. Su padre, enterado de la desaparición de su hijo, radicó la denuncia el 8 de noviembre y luego realizó intensas gestiones por conocer su paradero.
La desaparición trascendió y llevó al grupo represor a ensayar una coartada, la que fue publicada en un medio periodístico local, en el cual se afirmó que Pérez había abordado un avión y desembarcó en Bolivia, con lo cual la investigación fue cerrada en menos de un mes.

Su padre, sin embargo, siguió con la búsqueda. Viajó a Bolivia, Brasil y Chile, otros destinos que fueron sembrados como posibles paraderos, sin obtener pistas de su hijo. Pese a su jerarquía, y su pasado militar, siempre tuvo presente que por más que intentara, nadie del Ejército le diría nada al respecto.

Alzugaray, en su descargo, desconoció el hecho debido a que, al momento de la desaparición de Pérez, se desempeñaba como director de la Unidad Carcelaria de Orán.

Esta coartada, sin embargo, fue desechada por el juez Bavio, ya que no “luce convincente si se tiene presente que, de la lectura de los distintos testimonios, surge que trabajó -por unos años- junto a Pérez en la Unidad Carcelaria N°1, al tiempo que se desarrollaron los graves sucesos conocidos como la Masacre de Palomitas”.

“Los testigos manifestaron en sus respectivas declaraciones que ambos siempre estaban juntos”, a lo que se suma lo expuesto por la esposa de Pérez, quien expresó que Alzugaray visitaba a su marido en su casa y hablaban cosas que ella no podía escuchar, conociendo todos los movimientos tanto de su marido como los de su familia.

Entre otras pruebas y evidencias, mencionó lo declarado por el padre, cuñados y hermanos de Pérez, como así también el aporte del testigo de identidad reservada, quien afirmó haber escuchado rumores de que Pérez habría muerto porque andaba “buchoneando”, en clara relación con los hechos sucedidos en Palomitas. A partir de este cuadro probatorio, para el juez está claro que “existía una persecución por parte del aparato organizado de poder de la época en contra de Pérez, ello en virtud de sus desacuerdos con la estructura de la que había formado parte, poniendo en manifiesto las discusiones que tenía con Alzugaray, el miedo que le tenía a éste último y a la Policía Federal, así como las revelaciones sobre lo que sucedía en la Unidad Carcelaria N°1, que la víctima pretendía realizar sino le retiraban la suspensión la que consideraba que había sido puesta injustamente”.

En vista de ello, el juez, a instancia de la promoción penal tramitada por la fiscalía, resolvió procesar a Alzugaray por el delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas. Asimismo, dispuso trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 2 millones y medio de pesos.