Mientras las víctimas de la financiera trucha que operaba en la capital salteña y Metán sostienen la esperanza de que les restituyan el dinero que entregaron, la defensa de la presunta cabecilla de la banda delictiva, Cynthia Elizabeth del Valle Moya, recientemente presentó un recurso de apelación luego de que le denegaran la libertad.
Fuentes ligadas a la defensa de los acusados explicaron que tratan de llegar a un acuerdo con la fiscalía interviniente "a fin de solucionar la parte penal como así también trabajar en la restitución de los capitales a todos los inversionistas".
"Seguimos sosteniendo la postura de que la financiera en ninguna oportunidad ha estafado a nadie porque, previo a los allanamientos, no hubo ninguna denuncia de particulares que se hayan sentido damnificados o estafados. Consideramos que la intervención por parte de la fiscalía ha sido innecesaria y ha provocado todos estos problemas de irregularidad de cumplimiento de obligaciones", dijeron.
Aseguraron que "la idea de la empresa es solucionar con carácter urgente la cuestión penal y luego comenzar a restituir los capitales a los damnificados. Entendemos que están desesperados porque habían invertido sus pequeños ahorros o pedido préstamos para invertir ahí, así que estamos tratando de solucionar el problema de todos", aseguraron las fuentes.

La causa 

La causa se inició el 24 de marzo pasado, cuando fueron allanados 15 domicilios, en Capital y Metán, de la financiera que tenía identidad tributaria falsa. 
Se secuestraron mil contratos, documentación y 10 vehículos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la firma aparentaba solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura. Operaba al margen del sistema financiero legal y ofrecía a través de redes sociales la participación en operaciones de inversión. Para captar a personas que pusieran sus ahorros, prometía importantes ganancias de 300.000 a 1.000.000 de pesos en un plazo de entre 15 y 30 días. Para esto, los clientes debían firmar un contrato de inversión.
Los investigadores determinaron que el nombre y matrícula del abogado que actuaba en representación de la firma serían falsos y que la financiera operaba bajo un esquema similar al Ponzi, estafa que consiste en ofrecer altos retornos en poco tiempo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar  a los antiguos y dar apariencia de que el negocio funciona.

Una de las víctimas, quien pidió reserva de identidad por temor a represalias, había contado que se enteró por un amigo de que en la financiera Ríos & Asociados les daban el doble del dinero que entregaban en un plazo de 15 o 12 días, según el monto invertido.
“Yo sinceramente no llegaba. El mínimo que pedían era de 300 mil pesos, entonces vendí mi moto a 150 mil pesos y un amigo me dio 150 mil más, entonces entramos y nos prometieron pagar 600 mil en 15 días”, contó la víctima. 
Añadió que las empleadas de la financiera le dijeron que, si llegaba a 500 mil pesos, en 12 días le darían el doble. “Cuando allanaron todo me quería morir. Ahí me di cuenta de que era todo una truchada. Soy un laburante común y corriente y me siento defraudado”,  expresó. Agregó que, pese a todo lo ocurrido, no pierde la esperanza de recuperar el dinero. "No pierdo la fe de que me devuelvan algo de plata. Vendí mi moto, le di todo a la financiera y me quedé a pie. mi situación económica es crítica", dijo.

En el caso hay jefes policiales acusados de estafas reiteradas. Según las pesquisas, hasta 115.000 dólares en menos de dos meses llegaban a ganar  algunos de los "inversores VIP" de la financiera trucha que también estafó a cientos de policías pero que, además, tendría entre los principales beneficiarios a altos mandos de la fuerza.