En un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz se dispuso la reducción de la facturación a usuarios generales y residenciales de Orán y San Martín cuando la factura mensual supere el 30% del consumo de electricidad de referencia, que es noviembre de 2022, hasta que finalice la auditoría de facturación dispuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Dada la crítica situación que presenta el norte, relativa al suministro del servicio de energía eléctrica, los usuarios podrán abonar un monto equivalente a la facturación del período noviembre de año pasado, hasta por un plazo de ciento ochenta días.

Durante dicho período, Edesa deberá abstenerse de suspender o interrumpir el servicio, tampoco podrá ejecutar acciones de cobro o restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

"El criterio es muy benévolo porque la ley de defensa al consumidor establece que un usuario puede revisar la factura cuando se sube un consumo en un piso del 75%. Acá se está hablando de todo lo que se incrementó más de un 30% directamente se lo exime del pago del excedente por un período de seis meses, es decir desde diciembre hasta mayo. Todos esos meses solamente van a pagar el consumo de noviembre, salvo que sea menor", expresó a El Tribuno Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador.

Esta medida que tomó el gobernador de Salta contempla a las personas que se encuentran en las clases económicas medias y bajas. Es decir, aquellos usuarios de Edesa que están en los niveles 2 y 3 de la segmentación nacional. Los que se encuentran en el nivel 2 ganan hasta $145 mil, en el nivel 3 se incluyen a las personas que ganan de $145 mil hasta $510 mil.

"La decisión del gobernador se funda en tres pilares: el primero es por la deficiencia del servicio de Edesa. El segundo es por la infraestructura eléctrica que también esta devaluada y necesita de más inversiones, que sobre todo la tiene que hacer Nación. La Provincia poco puede costear obras que son carísimas. Y tercero, el consumo alto que es propio de una estación con ola de calor, con una contingencia climática extraordinaria. Esas son las bases que justifican un tratamiento diferencial para Orán y San Martín", remarcó Saravia.

El titular del Ente expresó que a esta situación se le agrega la decisión de Gustavo Sáenz, a través de un decreto de necesidad y urgencia, de endurecer las sanciones económicas contra Edesa como consecuencia de los conflictos que se produjeron por los aumentos en la facturación en los departamentos de Orán y San Martín.

Se actualizan los montos de las sanciones pecuniarias en un valor que se inicia en los $10.000 a $100 millones, aplicables por violaciones graves al ordenamiento.

El Ente Regulador de Servicios Públicos, teniendo en cuenta su potestad sancionatoria, será el órgano con la faculta de determinar los parámetros de actualización de los montos de las multas.

"Esto es una herramienta que también nos sirve, porque el solo hecho de que ya estén planteando con esos montos es disuasorio para la empresa y de ahí se va a complementar con la revisión integral tarifaria que se está realizando desde el año pasado. Acá se está haciendo por primera vez desde hace 27 años la campaña de revisión de curva de demanda y potencia, que tiene que ver con los consumos promedio", expresó el funcionario.

Bajo la lupa

El decreto también destaca que también deberá efectuarse una revisión y análisis de los índices de calidad a efectos de determinar las readecuaciones necesarias, prioridades de obras y las multas que correspondieren aplicar a la empresa prestataria del servicio eléctrico, e implementar una solución definitiva respecto a la variación del consumo por las características climáticas de Orán y San Martín.

El titular del Ente Regulador comentó a El Tribuno que las boletas emitidas por Edesa y que fueron cuestionadas duramente por los usuarios están bajo una auditoria y que, según el decreto publicado, deberá realizarse en el plazo de seis meses.

"En principio hay un esquema de consumo alto porque hubo temperaturas del 46 grados. Ahora la auditoria controla que se haya aplicado el cuadro tarifario de abastecimiento, que eso depende de Nación, y el cuadro del Ente Regulador que congeló tarifas el 29 de abril del 2022 hasta el 30 de junio de este año. Ahora, por supuesto tenemos que auditar la situación de muchos usuarios", aseguró Saravia.

El presidente del Ente expresó que "de todas maneras" ya hay una decisión del gobernador de eximir el pago de los excedentes y es por eso que tendrán que "reformular" el trabajo de auditoria desde el organismo oficial. Asimismo, afirmó que hay que establecer cuáles fueron las "causales" de esta facturación y destacó que de este proceso también va a participar la empresa Edesa, porque tiene derecho a controlar los procedimientos que "puedan culminar en una sanción o multa".