El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de la titular del Banco Nación, Silvina Batakis y de Verónica Asad, conocida públicamente como “Pity, la numeróloga” por las escandalosas contrataciones en esa entidad.

En un escrito acompañado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, la fiscalía pidió esas citaciones de la ex ministra de Economía y otros ex funcionarios. 

El dictamen del fiscal no solo pide la indagatoria a Batakis sino de otros cinco funcionarios, y a Pity, la numeróloga

“El aprovechamiento la función pública para satisfacer un interés privado no se limitó a la contratación de la numeróloga, ni al nombramiento de familiares y amigos, se materializó también con el otorgamiento de adicionales para incrementar el sueldo de la gerenta general”, según la fiscalía. 

Eso sostuvo a raíz de la contratación no sólo de Asad por servicios de couching y comunicación, lo que “da cuenta del claro interés en miras de un beneficio propio en ese contrato, para exclusiva utilidad de la gerenta general”.

Los pedidos de indagatoria 

Los pedidos de indagatoria abarcan a María del Carmen Barros, Maximiliano Piantanida, María Alejandra Closas, Juan Pablo Pedemonte y Juan Manuel Romero: “los funcionarios involucrados en el despliegue de tal maniobra, evadiendo las normas en materia de contrataciones administrativas, le dieron preeminencia al interés personal sobre el funcional, aprovechando la función pública que desempeñaban para satisfacer un interés privado y quebrantando la esfera de custodia en la que los bienes con los que se afrontó tal operación legalmente se encontraban”.

En el requerimiento los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia de Ocaña 

La denuncia fue hecha por la diputada Graciela Ocaña a raíz del contrato que se le otorgó a la numeróloga de 1,8 millones de pesos, pero también a familiares y amigos de los funcionarios.

Marijuan sostuvo que la normativa del Banco Nación establece que “las contrataciones directas por excepción deben fundarse en causales objetivamente justificadas y acreditadas”.

En ese sentido, expuso “sobre especialidad del contrato en cuestión y la selección de Asad para su cumplimiento, más allá de las afirmaciones formuladas por los funcionarios que intervinieron las distintas actuaciones labradas, únicamente consta en la documentación secuestrada la presentación efectuada por la propia Asad”.

Para el fiscal, “dos de las máximas autoridades del Banco de la Nación Argentina, su presidenta Silvina Aída Batakis y su gerenta general María del Carmen Barros, a espaldas del directorio, procuraron la contratación directa por especialidad de Verónica Laura Asad -en dos oportunidades-, que incumplía con los requisitos previstos por el Régimen de Compras y Contrataciones del BNA, y cuyo objeto, disfrazado bajo la temática de ‘coaching de liderazgo para la alta gerencia’, excedía cualquier ámbito de competencia que pudiera encontrarse relacionado con sus funciones. Asimismo, dentro de un círculo de personas con vínculos familiares o cercanos a ellas, propiciaron sus nombramientos y ascensos; y, por último, arbitraron los medios para acrecentar el salario percibido por Barros mediante el incremento de adicionales”.