La primera barrera en la lucha contra el crimen organizado, a cargo de 4 personas. El dato es tan cierto como cierta es la preocupación que va en aumento en la zona de frontera con Bolivia y con Paraguay, por el crecimiento y el nivel de "profesionalidad", si así puede llamarse, de las bandas delictivas y el crimen organizado. Y es que en la frontera con esos dos países no se trata solo del delito de narcotráfico, centro de gravedad del accionar de las fuerzas de seguridad nacional como la Gendarmería y la Policía Federal Argentina. Se trata también del robo de vehículos de alta gama, en especial camionetas doble tracción, trata de personas, secuestros extorsivos, de asesinatos vinculados al tráfico de sustancias prohibidas, de robo de cifras exhorbitantes entre otros delitos que llevan adelante grandes bandas transnacionales que manejan recursos millonarios.

Pero el dato que parece increíble es el siguiente: La fiscalía provincial en la que recaen prima facie la mayoría de los delitos que se cometen en la frontera con Bolivia y en la triple frontera que conforman Argentina, Bolivia y Paraguay, cuenta con 4 agentes. Un fiscal, una fiscal auxiliar y dos empleados sumariantes (administrativos). Por ese axioma tácito de los que administran justicia de que "el tiempo que pasa es la verdad que huye", cuando en la frontera se comete un delito la primera en actuar es esa fiscalía. Una vez realizadas las primeras investigaciones, la recolección de prueba, las declaraciones testimoniales y en muchas ocasiones las primeras detenciones, recién suelen pasar a la competencia federal.

Pero esos datos de una fiscalía que nunca entra en feria por ser la única con esa competencia no son los únicos. La jurisdicción sobre la que estas 4 personas deben trabajar abarcan miles de kilómetros cuadrados dentro de los cuales se ubican los extensos municipios de Salvador Mazza y Aguaray, ambos limítrofes con Bolivia, y el departamento Rivadavia Banda Norte, que también limita con Paraguay. Eso implica unos 85 kilómetros de frontera con esos dos países considerados a nivel mundial entre los principales en materia de producción y transporte de sustancias prohibidas.

Condena y amenaza

24 horas más tarde del fallo que condenó a perpetua a los hermanos Delfín y Raúl Castedo -por el asesinato de Liliana Ledesma y que generó suspicacias porque fueron condenados por otro delito del que llegaron a juicio-, desconocidos ingresaron a la vivienda de Jesús, hermano de Liliana, y la desvalijaron. Se llevaron 48 mil dólares que Ledesma tenía escondidos, según declaró en la fiscalía de Armando Cazón, producto de su actividad en su pequeña finca que colinda con El Pajeal, uno de los establecimientos que le fuera confiscado a los Castedo.

"Una buena estructura para luchar contra el delito tanto en el ámbito provincial como federal es fundamental.  Tendré más seguridad, cambiaré mis rutinas, pero no dejaré de investigar los delitos porque para eso me pagan" . (Armando Cazón)

 

Semanas atrás un poblador de la zona de frontera fue víctima del robo de 400 mil dólares; el damnificado sabe quién fue el autor y lo denunció ante la Justicia. Y días después, una granada fue arrojada en el techo de la vivienda de un cabo de la Policía Federal Argentina. Dos meses atrás, en pleno Chaco salteño, desconocidos incendiaron intencionalmente una aeronave valuada en 400 mil dólares que, todo indica, era utilizada para hacer ingresar desde Bolivia y de Paraguay fuertes cargamentos de droga. En todos esos casos las primeras investigaciones las dirigió la Justicia provincial y la Policía de Salta.

Las causas mencionadas valen como ejemplo para dimensionar de qué se habla cuando se habla de delitos que se cometen en la frontera entre países que cuenta con alrededor de 120 pasos no habilitados y que cada vez resultan más difíciles de controlar, inclusive para las fuerzas nacionales como la Gendarmería Nacional y La Policía Federal que actúan de manera directa, sólo cuando se trata de tráfico de drogas.

  Uno de los tantos pasos ilegales.

Por la magnitud de los negocios ilícitos que se manejan en la frontera, de los intereses que se tocan cuando se avanza con alguna investigación, no sorprendió que el fiscal Armando Cazón recibiera una seria advertencia acerca de que algunas organizaciones delictivas transnacionales "lo tienen en la mira".

La opinión del fiscal Cazón

Armando Cazón fue consultado por esta situación y precisó: "Esta fiscalía nunca, desde su creación hace 10 años, tuvo un receso porque somos la única que abarca esta jurisdicción; somos la primera barrera con la que el delito se encuentra porque mi filosofía de trabajo es que no podemos perder el tiempo entre definir a quién le toca determinada causa, si es provincial o federal. Hasta que nosotros debatamos, los elementos, las evidencias que pueden ser fundamentales en la investigación se diluyen y no podemos darnos ese lujo".

Cazón reconoce que "es verdad que nos falta una estructura mayor en esta fiscalía. Como casi toda mi familia vive en la zona, soy un convencido que gran parte de la tranquilidad que tengamos como región dependerá de lo que hagamos los organismos judiciales y policiales. Y sobre todo creo que una buena estructura para luchar contra el delito tanto en el ámbito provincial como federal son fundamentales" opina.

Acerca de la advertencia que sus fuentes le hicieron llegar y que puede ser interpretada como una seria amenaza, Cazón consideró que "es el riesgo que corre cualquier funcionario que se toma en serio su trabajo. Seguramente tomaré más medidas de precaución y de cuidado para mi familia; cambiaré mis rutinas pero lo que no voy a dejar es de seguir investigando porque para eso me pagan" precisó y confirmó que después de las advertencias, cuenta con custodia policial las 24 horas y que en las últimas horas solicitó que su seguridad esté a cargo de la Gendarmería.

Una exigencia de Castedo

A fines del mes de mayo de 2016 Delfín Reynaldo Castedo (en ese momento el hombre más poderoso que operaba en el delito en la frontera, a quien nadie se animaba a contradecirlo y que estaba en calidad de prófugo) le mandó a pedir mediante el escribano y martillero Eduardo Torino al fiscal Armando Jorge Cazón que ordenara el desalojo de pobladores que vivían en El Aybal, una de las dos fincas de su propiedad que colindaban con Bolivia. La advertencia que por otros medios le llegó a Cazón fue bastante clara: u ordenaba el desalojo o peligraba seguir en el cargo. El 9 de junio de ese mismo año ingresó un pedido de jury de enjuiciamiento "por mal desempeño en sus funciones", una semana después que el fiscal Cazón se negara en forma terminante a desalojar a los puesteros. Por falta de elementos de juicio, el jury no prosperó.