Javier Milei y su gobierno produjeron ayer dos pasos muy fuertes referidos al nudo de los problemas que afronta el país. El desafío de los piqueteros, cuya movilización convocada para evocar la destitución de Fernando de la Rúa, supuso un doble triunfo para el flamante presidente: todo se desarrolló sin desautorizar el protocolo anunciado por Patricia Bullrich, la participación fue mínima y no hubo grandes desmanes. Quedó la sensación de que las advertencias de no cortar calles para no perder el plan tuvieron un efecto benéfico. Fue un paso, pero la problemática social que asoma detrás de los piquetes es compleja, profunda e involucra a millones de seres humanos.

Cortar calles y rutas es delito pero terminar con el estado deliberativo en las calles en una sociedad con 60% de menores de 16 años por debajo de la línea de la pobreza exige mucho más que la capacidad policial para evitarlos.

Y también mucho más que una visión economicista que suponga que basta con tocar los hilos que mueven el mundo desde los claustros financieros.

Los 48 años transcurridos desde el "rodrigazo" de 1975 representan un declive pronunciado de la economía argentina, desencajada de la evolución del mundo globalizado, sin capacidad de construir modelos productivos y tecnológicos de largo plazo y absolutamente vulnerable a los vaivenes del mercado internacional.

Sería un error suponer que los piquetes son ajenos a la degradación del trabajo, la deserción escolar, la exclusión y falta de expectativas. La tragedia de una sociedad empobrecida, con muy poco trabajo y sin escuela.

Los piquetes de la víspera fueron la reacción, fallida, de los administradores de programas de emergencia delegados en organizaciones de desocupados.

Las políticas sociales, que deberían estar a cargo de funcionarios especializados, fueron delegadas. Y también su financiamiento. Así, estas organizaciones se erigieron como nuevos actores políticos, radicalizados, que manejan $60.000 millones mensuales del Estado y no resuelven un solo problema de las personas a su cargo. La marcha de ayer no se hizo en defensa del trabajo ni de los desocupados; los dirigentes salieron para evitar que les quiten esos pingües negocios.

Este tema, que tiene a la gente tan saturada como la inflación, va a seguir siendo un desafío, sobre todo cuando los piqueteros vuelvan a tener el apoyo activo del ultrakirchnerismo. Y más complicado aún cuando el Gobierno intente avanzar sobre toda la financiación en negro de la política clientelar que prolifera en todo el territorio nacional. El caso de Chocolate Rigau y las tarjetas de débito de empleados fantasmas, sumado a las excursiones de Martín Insaurralde por Marbella, son solo la cabeza del iceberg.

Pero resolverlo requerirá mucho más compromiso y empatía que astucia estratégica. El lenguaje de guerra que utilizó Eduardo Belliboni ayer se va a neutralizar cuando el Estado se haga cargo. Pero las motivaciones genuinas de los excluidos, que ponen el cuerpo al reclamo, exigen a todos los gobiernos asumir las raíces de la pobreza.

Celestino Rodrigo y Milei plantearon sus proyectos económicos en términos fundacionales. El primero debió irse en pocos días.

Ayer el presidente libertario derogó treinta leyes que, a su juicio, son las que obstruyen el libre juego de la actividad económica.

Son treinta leyes muy fuertes.

Derogar la ley de alquileres era previsible; las de abastecimiento, góndolas, compre nacional, observatorio de precios, promoción industrial y promoción comercial fueron las que pusieron la responsabilidad de la inflación en el sector privado e inspiraron a todos los secretarios de Comercio del gobierno que se fue.

Avanzar en la privatización de las empresas públicas derogando leyes que lo impiden puede ser una moneda al aire, y deberá evitarse el costo social de la experiencia de los 90.

Lo mismo vale para la anunciada modernización del régimen laboral, una idea que no es original y que, como antecedente, acumula varios fracasos y fuerte resistencia de la CGT.

La modificación del marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, la eliminación de las restricciones de precios y otras medidas relativas a la administración privada de la salud parecen demasiado profundas como para un trámite tan sumario como es el DNU, sobre todo considerando las deficitarias prestaciones del sistema hospitalario argentino. La salud no es un negocio.

El presidente juega fuerte y cumple sus promesas de campaña. El apuro puede ser traicionero. El Congreso deberá reunirse lo antes posible y analizar estos decretos. Un vuelco hacia el libre mercado, en pocos días, sin red de contención y con un 30% de inflación mensual puede afectar a muchos sectores que ya están sufriendo mucho.