El caso de Sandra Beatriz Chaves, la salteña que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la habían condenado injustamente, derivó en medidas que generaron algunos de los primeros cambios importantes en materia de políticas de género en la provincia.

Agosto de 1995

A Sandra Chaves y a Marcos Gilberto Chaves, su padre, los condenaron por el homicidio de José Antonio González, marido de Sandra, ocurrido en agosto de 1995. Al padre lo consideraron autor del crimen y a ella, partícipe necesaria.

En junio de 2001, la Cámara Tercera en lo Criminal de la Provincia los sentenció a prisión perpetua, pese a que en el mismo fallo se admitió abiertamente que no había pruebas directas para considerarlos culpables.

En la causa se violó repetidamente el derecho al debido proceso, porque hubo impedimentos y trabas para que se pudiera ejercer la defensa de Sandra y su padre, porque no se respetó el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y porque no se cumplió con la posibilidad de que el fallo tuviera una revisión, ya que en ninguna instancia se volvieron a analizar las pruebas disponibles para determinar la culpabilidad o inocencia y solo se revisaron cuestiones técnicas.

Fallo de la Cámara Tercera

Además, el fallo de la Cámara Tercera en lo Criminal estaba cargado de estereotipos de género y consideraciones machistas referidas a Sandra Beatriz Chaves.

Todas las decisiones abiertamente discriminatorias que se tomaron en la Justicia local hicieron que la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se interiorizara personalmente sobre el caso de Sandra y resolviera llevarlo ante la CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró admisible el planteo de la defensora general. Eso derivó en que el caso se analizara en una audiencia que se realizó en marzo de 2014 en la sede de la CIDH, en Estados Unidos. En esa oportunidad, la entonces ministra de Justicia Pamela Calletti expuso en representación del Gobierno de la Provincia y Stella Mariz Martínez ofreció una minuciosa argumentación en la que dejó al descubierto los errores procesales que se cometieron en el caso, la mirada discriminatoria sobre Sandra Chaves que dominó todo el proceso judicial y la injusticia del fallo que la condenó a ella y a su padre a prisión perpetua, la pena máxima del sistema legal argentino.

En ese contexto, funcionarios del Gobierno de Salta aceptaron buscar una salida amistosa al conflicto con la defensa de Sandra y su padre. Lo contrario hubiera significado que el caso avanzara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estaba claro que la Provincia volvería a quedar expuesta por las injusticias por las que Sandra Beatriz Chaves y su padre llevaban ya más de 14 años presos.

Compromisos asumidos

El acuerdo implicó que el Estado diera por cumplidas las penas de ambos y asumiera una serie de compromisos para implementar políticas concretas en contra de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

El 5 de agosto de 2014, las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa que fue homologado por la CIDH el 7 de noviembre de 2014.

En 2019, la CIDH felicitó al Estado por el cumplimiento de lo comprometido en el acuerdo de solución amistosa. El organismo valoró los resultados individuales en el caso y observó que el Estado conmutó las penas privativas de libertad perpetuas impuestas a Sandra Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves. También reconoció que brindó la asistencia psicológica y médica necesaria a la mujer, a su padre y a sus hijos. Además, consideró que se adoptaron medidas efectivas de reinserción en el ámbito laboral para Sandra Beatriz Chaves.

Igualmente, la Comisión valoró los resultados estructurales del caso y observó que a través de Decreto de Necesidad y Urgencia 2.654/14 del Gobernador de la Provincia de Salta, que luego adquirió carácter de Ley Provincial 7.857, se declaró la emergencia pública en materia social por violencia de género.

Dicha declaración fue acompañada por la creación de cinco juzgados específicos de violencia familiar y de género. Adicionalmente, se agotó el concurso y designación de los jueces de violencia intrafamiliar y de género que se encuentran en funciones desde el 31 de agosto de 2015. En el mismo sentido se creó un cargo de fiscal penal; cinco cargos de defensores de violencia intrafamiliar y de género; y se creó la Unidad de Evaluación de Riesgo de Violencia de Genero en el ámbito del Ministerio Publico. Por otro lado, el Estado inauguró un Hogar de Protección Temporal para mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores, se implementó la entrega de botones de pánico y se elaboró un plan provincial para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género, entre otras medidas. También se tomó en cuenta que se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a través de la Ley 7.863, para el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Cursos y talleres

Para la CIDH, otros impactos del acuerdo están en la realización de cursos y talleres por parte del Ministerio de Justicia, sobre perspectiva de género y violencia intrafamiliar destinados a fuerzas de seguridad provinciales, agentes de salud, docentes y público en general. El organismo ponderó que se suscribieran talleres de colaboración con instituciones vinculadas a esa temática, entre los cuales destaca el Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación suscrito con el Observatorio de Derechos Humanos de la Nación el 27 de abril de 2015. Dentro del marco de dicho convenio se realizó el Taller de Justicia en Perspectiva de Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual, con la participación de agentes estatales y de la sociedad civil.

Se difundió que la Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el caso y "valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación y posterior etapa de seguimiento del acuerdo de solución amistosa".

Las políticas desarrolladas desde 2014 implicaron sin dudas el inicio de un camino que, a la luz de las estadísticas que sostienen a Salta entre las provincias con mayor cantidad de femicidios, no se siguió desarrollando de acuerdo a las necesidades de una sociedad históricamente marcada por las desigualdades entre varones y mujeres.

En unos meses se cumplirá una década del acuerdo de solución amistosa que les devolvió la libertad a Sandra y a su padre y generó mayor conciencia a nivel político y social. Sin embargo, eso probablemente no pudo reparar los daños que provocaron los casi 15 años que pasaron encerrados, ni significó para Sandra Chávez recuperar la salud física y emocional plena o disfrutar de proyectar su vida sin temor a los prejuicios de los demás, injusticia con la que convivió desde el 19 de agosto de 1995.