Un grupo de madres de niños y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales en Salta forma parte de una fundación llamada "Pañuelos Amarillos". Su fundadora es Colomba Nasca, abogada y madre de una joven víctima, de 20 años, ambas oriundas de la provincia de Tucumán.

Desde el próximo lunes, el abusador de la joven tucumana, su propio padre y funcionario del Poder Judicial de esa provincia, estará en el banquillo, ya que se iniciará el juicio en su contra tras años en los que, de forma insólita, se dictaron siete resoluciones en contra de la víctima.

La carátula es abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, delito contemplado en el articulo 119 del Código Penal de la Nación, incisos 2 y 4.

Colomba contó que en 2016, tras la separación de ella y su esposo, su hija, en ese entonces adolescente tomó la decisión de no continuar con el régimen de visitas con su padre pero que luego, cuando cumplió 15 años, el hombre pidió ante la Justicia una medida de "ejercicio de paternidad responsable".

"Lo más extraño es que nos notificaron un 15 de agosto de 2018 casi a última hora para que nos presentáramos al día siguiente, temprano. No tenía abogada. Como yo soy abogada asistí", relató Colomba.

La adolescente declaró ser víctima de abuso sexual por parte de su progenitor ante el juez Orlando Stoyanoff. Por temor, en ese momento, ella no le había contado a su madre lo ocurrido. "Por una situación familiar del imputado ella sintió miedo y me lo contó cinco días después", sostuvo la mujer.

El 18 de septiembre de 2018 se radica la denuncia penal. El 1 de octubre de ese año se fijó fecha para una Cámara Gesell pero ocurrió un hecho extraño. "Supuestamente un gato cayó sobre los cables del Poder Judicial y se cortó la luz. El padre de mi hija es funcionario, secretario de la Séptima Civil y Comercial de Tucumán", aseguró.

En ese entonces, por el presunto imprevisto, la fiscala María del Carmen Reuter pidió que se traslade todo el personal hacia la Cámara Gesell de los juzgados federales, a una cuadra de distancia. La víctima declaró por segunda vez. Ese día el imputado quedó detenido, aunque solo por 48 horas. "Su abogado pidió el cese de prisión. Presentó una caución juratoria diciendo que es empleado del Poder Judicial y que no había peligro de fuga. Apenas salió de la cárcel y vino a casa a tocar el timbre", dijo Colomba.

En la primera sentencia un licenciado de apellido Castellanos argumentó que la adolescente tenía un "lenguaje contaminado" pero que iba a respetar su voluntad de no ver a su padre. La segunda medida en contra se dio cuando la madre de la víctima pidió una restricción de acercamiento y el juez la consideró pero solo por 30 días por lo que cada vez que se venciera debía acudir al Juzgado de Familia. Posteriormente, se dispuso una restricción de acercamiento pero morigerada con la responsabilidad de que la madre escondiera a su hija cuando el padre tocara el timbre de la casa. "Fue algo inaudito porque existe esa figura pero no es aplicable para niños sino por ejemplo para dos adultos que trabajan en un mismo lugar". Al tiempo, salió otra sentencia: una restricción de acercamiento para la víctima y su madre pero no para otros familiares que también residían en la vivienda.

En 2019, el acusado pidió la nulidad de la Cámara Gesell de su hija. Un año después, la Justicia le dio lugar. "La secretaria de la fiscal había labrado el acta. No estaba presente la fiscal en el acto, porque acá en Tucumán nunca está presente en este tipo de casos. Siempre está la auxiliar fiscal, pero en 2018 no había esa figura, recién en agosto de ese año se creó la primera fiscalía de Integridad Sexual y la Cámara fue en octubre. Por un presunto defecto formal en violación de los derechos del niño, porque mi hija se expresó en un circuito cerrado y debía ser oída, le anularon la Cámara".

El 1 de febrero de 2021 la joven, tras cumplir 18 años, declaró por tercera vez, constituyéndose como querellante.

El próximo lunes se iniciará el juicio y declarará por cuarta vez. "Se continúa revictimizándola. Acá hay una cuestión y es que el derecho son normas que regulan la conducta humana y la persona que le anuló la Cámara, no la dejó hablar y la invalidó su propio progenitor. No tiene alma. Es cruel".

Violencia institucional y económica

Colomba Nasca expresó que la mayoría de las decisiones nunca llegaron a brindarle protección a su hija, víctima de abuso sexual por parte de su progenitor. Además sostuvo que han sufrido violencia institucional por parte de la Justicia y económica, del imputado.

"La hace callar una y otra vez. Por supuesto que en todos sus escritos ha introducido siempre el síndrome de alienación parental, una farsa".

Destacó el trabajo de la fiscala María del Carmen Reuter. "Es la primera fiscala de Integridad Sexual en Tucumán. Ella una vez logró una restricción de acercamiento por 30 días", valoró.

Sobre el juicio que comenzará el lunes refirió que espera que reconozcan culpable al imputado, quien podría recibir entre 4 y 10 años de prisión.

"Ha sido muy complicado atravesar el proceso judicial. Las agresiones legales que ha sufrido mi hija las realizó todas el", culminó.