En un comunicado emitido en la tarde de ayer, la Procuración General de la Provincia dio un contundente respaldo a la investigación fiscal en torno al robo de una bebé, ocurrido la semana pasada en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal. El comunicado oficial salió al cruce de versiones que ponen en tela de juicio el correcto accionar de los investigadores y la certeza de las pruebas analizadas, que determinaron en las últimas horas la detención de una joven wichi, acusada por la sustracción de la bebé que luego fue encontrada, abandonada en un terreno baldío de esa ciudad.

"La Procuración General de la Provincia reconoce y avala la eficiente y exitosa labor de la unidad fiscal integrada por los fiscales Lorena Martínez, Rafael Medina y Pablo Cabot, como así también las tareas investigativas de las distintas áreas de las fuerzas de seguridad provincial que colaboran con la investigación sobre la sustracción de una bebé. También se destacan las tareas posteriores para determinar el reproche penal al/los responsables de la sustracción de la menor", señaló el comunicado.

El escrito sostiene que "el trabajo riguroso y minucioso de los fiscales no solo ha permitido tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de la menor y su familia, sino que también ha llevado a la detención de una persona sospechada del delito mencionado, a la que ya se le recepcionó la audiencia de imputación conforme a las formalidades y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta".

Respuesta a las declaraciones de la querella

De esta manera la Procuración respondió a las declaraciones del abogado Alexis Rambert Ríos, querellante en la causa y representante legal de los padres de la menor, quien a través de este medio criticó duramente las actuaciones y sus resultados, y denunció un intento de manipulación de los fiscales contra sus defendidos. "La investigación penal preparatoria se encuentra en un sostenido avance, con una persona detenida y con sólido y abundante respaldo de indicios probatorios mediante cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, no se puede brindar mayores precisiones debido a la necesidad de preservar el aseguramiento y el éxito de las restantes medidas de prueba en curso durante los próximos días", expresa el escrito.

"El mandato constitucional de investigar los delitos en procura de los intereses generales de la sociedad y el imperio de la legalidad no habrá de ser conmovido por voces que con absoluta displicencia, falta de responsabilidad y seriedad pretenden desacreditar y horadar una prolija y contundente investigación llevada a cabo hasta el momento, conducta que paradojicamente se posiciona en un rol propiciante de la impunidad y el beneficio de la situación procesal de la persona detenida, y en desmedro de una categórica y prolija investigación; motivo por el cual se adoptarán las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de la obligación constitucional referida", finalizó el documento.