La vida que Javier Nicolás "Chino" Saavedra tuvo en Santa Victoria Este no fue para nada tranquila, como supuestamente intentó aparentar. Según declaraciones a la que accedió a El Tribuno tanto en el caso del crimen de Jimena Salas como en una reciente causa de hurto en la que fue imputado, hay personas que lo sindican como el presunto autor de graves hechos. Incluso señalan que hay personas que lo protegían, ya que él podía "conseguir fondos".

Según constan en declaraciones, en 2018 Saavedra tuvo que irse de la casa del Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII) porque "se metió en la cama de una compañera". Si bien no se radicó la denuncia algunas compañeras de la joven en cuestión se ofrecieron a ser testigos y contaron el supuesto episodio ante la Unidad Fiscal que investiga el crimen de Jimena Salas. Saavedra es el principal sospechoso del hecho ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

La ONG CAII trabajaba en ese entonces, según los expedientes, en un programa de acompañamiento familiar con las comunidades wichi. Era llamativo ya que unos siete u ocho operadores que provenían de Salta, Buenos Aires y Jujuy convivían en una casa de dos habitaciones y con pocas camas cuchetas. Esos ambientes eran mixtos, ya que no había lugar.

"Una noche de madrugada una de las chicas relató que él (Javier Saavedra) intentó meterse en la cama. Al día siguiente él permaneció encerrado todo el día en el cuarto. La víctima puso en conocimiento a los responsables de la ONG. Se dispuso que Javier dejara la vivienda. Él salió de la pieza con la cara toda roja porque estaba llorando. Una de las mujeres lo ayudó a armar el bolso y a llevarlo al convento porque él tenía relación con las monjas. La víctima no quiso hacer la denuncia. La misma sigue haciendo terapia", expuso una de las mujeres que en ese entonces formaba parte de la ONG.

Saavedra fue detenido como sospechoso del crimen de Jimena Salas en septiembre del año pasado, en Santa Victoria Este. En ese entonces supuestamente era un voluntario franciscano, que se desempeñaba en un club deportivo de esa localidad. Pero poco se dijo de los años anteriores, es decir desde 2018, cuando llegó al Chaco salteño.

A una mujer, según consta en las declaraciones a la que accedió este medio, les llamó la atención porque llegó "muy producido". "La ropa no era adecuada para el lugar. Tenía un pantalón negro chupín, una camisa blanca suelta con zapatos marrones puntiagudos color suela". Claro, les pareció extraño que alguien arribe de esa forma.

La semana pasada, el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó a Saavedra por el supuesto robo de dos computadoras, una tarjeta del banco Santander y otros elementos a dos de sus excompañeras. Ese hecho habría ocurrido el 14 de julio de 2019.

"Según consta en las actuaciones, el hecho habría ocurrido el 14 de julio de 2019, en una vivienda ubicada en Santa Victoria Este, cuando ingresaron al domicilio de dos mujeres, a través de una ventana. En el lugar habrían sustraído diversos elementos, entre ellos una notebook grande color gris marca Noblex, una netbook del Gobierno, herramientas varias y documentos. Además, se sustrajo una valija en cuyo interior se encontraba una tarjeta del Banco Santander a nombre de una de las damnificadas", es lo que se informó oficialmente la semana pasada.

Objetos perdidos

El Tribuno pudo corroborar que en un allanamiento encontraron la tarjeta en cuestión en la casa donde vivía Saavedra. Él negó haber robado, e incluso dijo que la había tenido para llevarla a la radio de la ONG en donde se informaban sobre objetos perdidos. El robo fue en una casa ubicada en calles Héroes de Malvinas y Puestos de Yatasto, en Santa Victoria Este. Las víctimas se habían ido al festival del Trichaco y cuando regresaron encontraron las cajas que habían puesto en la ventana como seguridad, todas tiradas. Siempre temían que Javier y otra excompañeras podrían robarles.

Incluso cuentan que la mujer que ayudó a Saavedra solía dormir con un cuchillo bajo el brazo en la casa de la fundación.

Las víctimas del robo trabajaron con Saavedra en la ONG CAII. Ellos tenían cinco misiones: trabajo, economía, salud, ESI y educación. La actividad consistía, según los expedientes, en el acompañamiento de treinta familias por semana de la comunidad wichi.

"Javier era operador, pero se acercaron varias personas que manifestaban que él no los visitaba". Eso causaba sospechas sobre el real trabajo de Saavedra.

En esos documentos también llama la atención un supuesto incidente. Una señora de la comunidad de El Cañaveral le contó a la testigo que el año pasado habían atropellado a su hijo y que reconocía a la persona que lo había hecho. Una hermana de esta le comentó que no quisieron hacer la denuncia, ya que la madre del chico había sido amenazada para que no dijera nada. Menciona incluso a "un cura" y "un cordobés" que "lo defendían a Javier porque curraban con los fondos que conseguía".