A instancia de una investigación dirigida por la Procunar Noa, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, y Diego Iglesias, de la Procunar, la jueza federal de Garantías Nº2 Mariela Giménez dio por formalizada esta mañana la acusación penal requerida contra cinco hombres detenidos como responsables de la mayor operación de tráfico de droga desarticulada en Salta, con un secuestro total de 423 kilos de cocaína.

Esta mañana, en representación de dicha procuraduría, los fiscales auxiliares Jorge Viltes Monier y Mariana Gamba dieron los detalles del caso, por el cual Alfredo Medina, Facundo Díaz, Juan Leopoldo Noria, Miguel Albornoz y Luis Palacios quedaron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores.

Al referirse a la maniobra, los fiscales explicaron que la investigación se inició a fines del año pasado, cuando un informe de Gendarmería Nacional alertó en cuanto al hallazgo de bolsas que aparecían descartadas en una zona rural de Joaquín V. González, las que presumiblemente eran usadas para arrojar droga desde el aire, modalidad conocida como “bombardeo”.

Intervenciones telefónicas

Atento a ello, la Procunar Noa inició actuaciones preliminares con tareas de campo e inteligencia a cargo de la Unidad de Procedimiento Judiciales de esa fuerza, la que permitió identificar a algunos de los acusados, entre ellos Noria, quien fue descripto como el principal responsable en la cadena de mando de la organización.
De las intervenciones telefónicas, se estableció que Noria, quien reside en un complejo de edificio de esta ciudad, emprendió viaje hacia J.V. González para organizar el traslado de la droga, la que ya había sido bombardeada en una finca de esa localidad.

Como prueba de ello, la fiscalía dio a conocer algunos diálogos mantenidos por este acusado con su pareja, los que hacían alusión a la actividad ilegal. “Hemos sacado, seguimos sacando”, le dijo el imputado a su mujer, en referencia a los paquetes de droga que fueron arrojados el sábado pasado desde una avioneta.
“Estamos esperando haber si llega el camión, haber si podemos cargar uno”, reveló el acusado en otro mensaje a su pareja. Para el traslado, el mismo Noria había coordinado la utilización de un camión Fiat Iveco, tipo Cisterna, siendo Medina y Díaz, los designados como transportistas.

Albornoz y Palacios, en tanto, fungieron como los brazos operativos de Noria, tanto para recoger los paquetes de drogas y cargarlos en el camión, el que salió de la finca por tuta 29 en dirección a la provincia de Santiago del Estero, siendo interceptado a poco de traspasar el límite, medida adoptada ya con intervención judicial.

Roles de los acusados

Tras la detención del conductor y el acompañante, el rodado fue traslado a la base operativa de J.V. González, donde se procedió a la requisa, circunstancias en que al abrir la cisterna se encontraron 400 paquetes de droga, la que alcanzó un peso total de 423 kilos y 716 gramos de cocaína.
Entre otras pruebas, los fiscales mencionaron que Palacios era el encargo de la finca de donde se sacó la droga, mientras que Albornoz participaba en la recepción de la droga y su acondicionamiento, en este caso, en el camión.

Esta maniobra, sin embargo, no fue la única, pues de las escuchas diferidas se pudo establecer que ya hubo otras operaciones similares, razón por la cual la fiscalía no descartó la participación de otros implicados, uno de ellos cuales ya estaría identificado y se trabaja en su detención.
Simultáneamente, se realizaron otros allanamientos, producto de lo cual se secuestraron numerosos elementos de interés para el caso, como teléfonos celulares y una suma importante de dinero de más de un millón de pesos y 10 mil dólares.

Prisión preventiva

En función de la gravedad del hecho, la naturaleza y logística que desplegaron los acusados, la fiscal Gamba Cremaschi solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, para lo cual resaltó el riesgo de fuga, el entorpecimiento de las tareas investigativas, como así también destacó el grave daño a la salud pública y la escala penal negativa para los imputados, pues el delito achacado prevé un mínimo de 6 años de prisión, lo que impide aplicar una pena con beneficio de prisión condicional.
Desde las defensas, en tanto, no se alegaron objeciones, tanto a la calificación como a la medida de coerción, aunque sí al plazo de 120 días requeridos por los fiscales, planteo que fue rebatido en la gravedad del caso, la complejidad del mismo y las pesquisas que aún restan realizar.

En ese aspecto, la fiscalía solicitó autorización para las pericias telefónicas, sábanas de llamas, impactos de antena y geolocalización, el levantamiento del secreto fiscal y bancario, a lo que sumaron un pedido de inhibición general de los bienes de los acusados.
Al momento de resolver, la jueza coincidió con la fiscalía respecto al caso, el que posee matices de orden trasnacional, a la vez que destacó la afectación del espacio aéreo argentino, dada la modalidad utilizada para el ingreso de la droga, aspecto que convalida con creces el plazo de investigación requerido, el que fue confirmado, al igual que las otras diligencias solicitadas por los fiscales.

En su resolución, la jueza resaltó también la obligación del Estado Nacional, a raíz de compromisos adquiridos por tratados internacionales, de investigar esta clase de delitos, los que afectan gravemente a la sociedad.