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La sesión donde fue aprobada la polémica norma que los especialistas señalan como inconstitucional.
Para el Foro de Periodismo Argentino, cualquier límite erosiona al sistema democrático. APeS cuestionó con dureza "la ley bozal".
28 DE Julio 2023 - 01:47
Entidades periodísticas nacionales y locales expresaron un contundente rechazo al intento de encorsetar la libertad de expresión a través de un proyecto de ley que se trata en la Legislatura salteña para sancionar noticias falsas, pero también para acorazar a funcionarios de eventuales fake news.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió que "cualquier límite a la libertad de expresión representa un intento de erosión al sistema democrático y atenta contra garantías constitucionales".
El proyecto, que también busca sancionar la violencia digital, impulsa modificaciones en el Código de Contravenciones, ya obtuvo media sanción el martes último en la Cámara de Diputados, pero hasta ayer no había sido enviada al Senado.
Frente al riesgo que el proyecto implica para la libertad de expresión y que colocaría a Salta como un distrito de bajo nivel democrático, constitucionalistas y entidades periodísticas coincidieron en manifestar sus profundas preocupaciones.
A través de sus redes sociales, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su rechazo a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de Salta al Código de Contravenciones provincial, mediante el que se prevén sanciones para la difusión de noticias falsas.
Tras hacer mención al texto del cuestionado texto para el artículo 50 y señalar que si bien se especifica que "no configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", Fopea puntualiza que "lo que a priori se presenta como una nueva herramientas para combatir la violencia digital, en realidad acarrea un potencial efecto sobre la libertad de expresión".
En particular, agrega, porque con la redacción del texto la interpretación sobre quién puede ser pasible de una sanción queda a criterio discrecional de un funcionario y advierte que, además, resulta peligrosa y contraria a estándares internacionales la inclusión específica de "autoridades oficiales" como eventuales víctimas de la difusión de noticias falsas.
En esta línea, Fopea recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"En el Principio 11 se establece que 'los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información'", acotó.
Tras sostener que iniciativas como estas parecen estar más orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales y a generar un efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana, Fopea advirtió que "cualquier límite a la libertad de expresión representa un intento de erosión al sistema democrático y atenta contra garantías constitucionales".
Para "blindar" funcionarios
La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) expresó su rechazo a la que llamó "ley bozal" que Diputados dio media sanción y alentó al Senado a "rechazar una norma que hace retroceder en el tiempo y recuerda etapas de una Argentina de censuras, torturas, exilios y desapariciones".
APeS considera que solo se busca "blindar a funcionarios, que son pasibles de cuestionamientos como cualquier persona o aún más por administrar la cosa pública", y lamentó que "otra vez Diputados promuevan limites a la libre expresión de la ciudadanía y de periodistas de la provincia".