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Foto Pablo Yapura
Entrevista a Miguel Alberto Piedecasas, abogado y miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de Argentina.
28 DE Julio 2023 - 01:47
Miguel Piedecasas es un reconocido abogado y es miembro del Consejo de la Magistratura. Llegó a Salta para ver cómo está funcionando el sistema acusatorio, para ponerlo en práctica en Rosario. En diálogo con El Tribuno se refirió a la polémica norma de fake news que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y advirtió que "chocará con acciones declarativas de inconstitucionalidad", porque no se puede ir en contra de la "libertad de expresión".
Le consulto sobre una situación local. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que, en uno de los artículos, castiga con 25 días de arresto a quienes difundieren lo que se considere noticia falsa de un funcionario público. ¿Esto va contra la libertad de expresión?
Yo soy conocido aquí en la Argentina y en la comunidad jurídica por defender como base de una república la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cada vez que se pone en juego la libertad de expresión, la libertad de prensa, con una norma jurídica pretendidamente contravencional, yo la miro con mucha prudencia, con mucho cuidado y digo, antes que nada, preservar el principio, la garantía constitucional. Entonces, primero, diría que no sé si pasa el test de constitucionalidad. En segundo lugar tampoco disfrazada con una materia que es propia del ámbito de los delitos y no una contravención, porque usted está sustrayendo materias o competencias que son propias del Congreso de la Nación Argentina y lo está colocando en un ámbito de un legislador local. Y tercero, cuando usted habla de los medios digitales, del internet, una materia esencialmente federal. Entonces, por lo tanto, yo tendría esas tres prevenciones. Y si usted me dice, mire, se votó con una mayoría muy grande, va a ser ley, probablemente tenga planteos de inconstitucionalidad.
O sea que esto naturalmente chocará con planteos de inconstitucionalidad...
Desde mi punto de vista, (chocará) con acciones declarativas de inconstitucionalidad, porque estos tres tópicos que acabo de señalar, el primero, el que solapadamente se esté cercenando la libertad de expresión, la libertad de expresa, fundamentalmente cuando es el escrutinio de un funcionario público que usted sabe tiene estándares mucho más gravosos, o sea, está mucho más expuesto cuando asume la función pública en su carácter de servidor público que un ciudadano común. El segundo, cuando se pretende disfrazar como contravención algo que podría ser tipificado como un delito, sustrayendo competencias del Congreso de la Nación. Y tercero, cuando se pretende regular como contravenciones, que son esencialmente locales, una materia que es naturalmente federal, como sería el internet.
El Consejo de la Magistratura tuvo mucho revuelo por los nombramientos de sus miembros, ¿cómo está funcionando en este momento?
El Consejo tuvo un año, el año pasado, complicado, con muy malos resultados también porque se elevaron muy pocas ternas, pero a partir de este año quedó debidamente integrado. No obstante, falta todavía una banca de senadores, somos 19 sobre 20, pero realmente el Consejo comenzó a funcionar, está funcionando razonablemente bien. Se están tomando medidas en materia de infraestructura y tecnología. Creo que, en mi opinión, el órgano constitucional está funcionando hoy razonablemente bien.
¿Hay muchas vacantes de jueces sin cubrir a nivel nacional?
Sí claro. Estamos en un porcentaje alto. En 2018 el Consejo había bajado a un 12% de vacantes. Hoy estamos de nuevo en un término entre 25 y 30%, son muchos. El año pasado se elevaron 5 ternas. El Consejo, si no eleva 50 o 60 ternas por año está dejando un vacío para los años posteriores. En este año ya estamos cerca de las 30 ternas en 3 meses. Obvio que esto hay que reforzarlo. El año electoral también tiene impacto sobre el Consejo. Porque, en definitiva, usted no se olvide que de los 20 integrantes, 9 pertenecen al estamento político: cuatro a la Cámara de Senadores, cuatro a la de Diputados y uno que representa al Poder Ejecutivo. Pero igualmente el Consejo está trabajando bien. Vamos a hacer la audiencia pública Informativa en Rosario, que es una jurisdicción que tiene importantes problemas. Entonces es muy bueno, muy interesante, que el Consejo haga su audiencia pública Informativa anual en esa jurisdicción.
En Rosario, una ciudad azotada por el narcotráfico y el crimen organizado, ¿faltan muchos jueces?
Ahí teníamos una cantidad importante de vacantes y aún tenemos más. Pero salió la Ley de Fortalecimiento, esa que se votó por unanimidad, que es una ley importante, y ahí nuevamente hay 50 cargos vacantes. ¿Por qué? Son 27 fiscales, 14 jueces y 9 defensores que tienen que pasar por un proceso de concurso de selección de cada uno de los Ministerios Públicos: Fiscal, defensores del Ministerio Público de Defensa y los jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En Salta estuvieron viendo cómo funciona el sistema acusatorio...
Sí. Y dejo un agradecimiento por la recepción. Nos faltó solamente la defensa pública, pero estuvimos con la Cámara, con los jueces de primera instancia, estuvimos con el Colegio de Abogados, también con el Tribunal Oral Federal Nº 2. Estuvimos en el Ministerio Público Fiscal, que es un edificio realmente que nos ha impactado, moderno, con espacios de interacción para este nuevo fenómeno que es el proceso acusatorio y con un fuerte compromiso de todos sus componentes. Me llevo una muy buena impresión.
Tenemos una sobrecarga en los jueces multifueros, ahí tenemos vacantes también. Por supuesto las oficinas judiciales, los recursos tecnológicos, todo eso es un déficit. Nosotros tenemos que avanzar fuertemente en cubrir ese déficit acá en la zona donde está funcionando y tener como antecedente los requerimientos para la experiencia Rosario.
Acá en Salta tenemos un serio problema con el narcotráfico...
Me estaban explicando que el proceso acusatorio ha dado un resultado positivo. No solo agiliza, sino que también ha permitido separar las cuestiones que pueden ir por un proceso abreviado de las que deben ir a juicio. Me estoy llevando una muy buena impresión con los problemas que puede tener la aplicación de un nuevo sistema de los resultados que se van obteniendo.
¿Cuál es su mirada sobre el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que lleva adelante el Congreso de la Nación?
Tengo una mirada crítica. Creo que no hay elementos para llevar a juicio político a la Corte, primero. Y segundo, no se debe hacer una manipulación de las instituciones. Eso nos degrada institucionalmente. Y nos degrada de una manera que uno no lo termina de ponderar. Porque realmente nos hace daño interna y externamente. Porque, en definitiva, el juicio político está para causas graves, de gravedad institucional, para una incorrección en el ejercicio de una magistratura superlativa, grosera, que obviamente no ha acontecido acá. El fundamento, la decisión que lleva adelante el juicio es puramente política y política partidaria porque vemos claramente cómo los dos grandes espacios de la política argentina, uno está llevando adelante el juicio político y el otro está en contra del juicio político. Pero observando con objetividad, con imparcialidad, si están configuradas las causas para un juicio político, yo personalmente digo que no están configuradas. Se está utilizando el juicio político como una forma de colocar un contexto de condicionamiento a la Corte Suprema. Que, espero, no tenga efecto.
En este año electoral, ¿cómo ven las plataformas de los candidatos en materia judicial?
Es un tema importante. Creo que se ha colocado en la agenda de los partidos políticos, de los espacios políticos, el tema de la justicia. Con perspectivas diferentes. Hay una perspectiva que nosotros creemos que es la correcta, que es la independencia de la Justicia, el fortalecer, completar la Corte, completarla con una jurista, mujer, con probada idoneidad, también lograr consenso en materia del procurador general, el defensor del Pueblo, con aplicar el proceso acusatorio en todo el país. Y, por el otro lado, lo que observo es que resulta una continuidad de lo que está haciendo hoy el posicionamiento del Gobierno frente al Poder Judicial, frente a la Justicia. Entonces, son dos modelos que, por suerte, se están poniendo en debate, en la consideración de la ciudadanía.