Este año ocurrieron 15 femicidios en Salta. Si el Estado no asume sus responsabilidades, es decir, si se siguen ignorando los factores de riesgo y se carece de un diagnóstico con enfoque de género para garantizar la vida y la integridad física de las mujeres, los violentos seguirán considerando que la mujer es una propiedad personal, los femicidios seguirán ocurriendo y la posibilidad de que las mujeres disfruten de una vida libre de violencia se tornará ilusoria en nuestra provincia.

Avances y estancamientos

En el año 2018 se elaboró en el ámbito del Ministerio Público Fiscal argentino una guía para la investigación de los femicidios, denominada "Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres" (femicidios). Un criterio acorde con la normativa argentina y conforme al Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres.

En nuestra provincia en el año 2020, en el ámbito de la Procuracion General se puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios para el abordaje de estos tipos de crímenes de muerte violenta de mujeres, que por su complejidad requieren de personal idóneo, con perspectiva de género, considerando las repercusiones devastadoras tanto en el ámbito familiar como en el tejido social.

Estas Unidades Fiscales Especializadas en Violencia contra las Mujeres se denominan UFEM y tienen fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad, lo que impone la obligación de investigar en forma adecuada y efectiva ante las situaciones de violencia contra las mujeres. y con perspectiva de género, de acuerdo con los estándares internacionales.

Anticiparse a los hechos

El Estado debe actuar con la debida diligencia para erradicar la violencia hacia las mujeres y desarrollar las herramientas adecuadas, diseñando planes de acción, sosteniendo políticas públicas, que deben fundarse en registros oficiales de femicidios y con organismos especializados para poder anticiparse a los crímenes sin esperar el hecho consumado. La detección temprana y el abordaje integral son esenciales para disminuir los índices de violencia.

Ante la falta de estadísticas oficiales, las organizaciones de mujeres como organismos no oficiales especializados en la materia elaboraron sus propias estadísticas en nuestra provincia, registrando en los primeros siete meses de este año quince femicidios, en un contexto de prácticas extendidas o estructurales de violencia de género.

La debida diligencia también incluye contar con estadísticas y sistemas de información, que permitan un diagnóstico seguro sobre la prevalencia y características, consagrado expresamente en la Convención de Belem do Para: "Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios" (art. 8.h).

La ausencia de evaluación sobre el fenómeno y de planes de acción resulta discriminatoria y envía un mensaje de tolerancia a los femicidios y a la violencia contra las mujeres, acentuando las raíces patriarcales de asimetría de poder, reproduciendo las jerarquías de dominación de los varones hacia las mujeres.

La Relatoría sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas indica que "la multiplicidad de formas que adopta la violencia contra la mujer, así como el hecho de que se produzca frecuentemente en la intersección de diferentes tipos de discriminación, obliga a adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla". Como así también garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas a fin de determinar "la responsabilidad penal de los victimarios ante la Justicia, como la reparación estatal a las víctimas y a la sociedad, como mecanismo fundamental de dar respuestas claras para la prevención".

Según ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física y/o sexual en el mundo, lo que alcanza la categoría de "epidemia" de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las causas de esta forma de violencia extrema contra las mujeres están parcialmente asociadas a un déficit en la seguridad ciudadana, a una impunidad en todos los organismos responsables de la prevención, atención y erradicación de este delito y a una causa estructural que es la cultura que subvalora a las mujeres.

El concepto de femicidio, que nace de los estudios de género desarrollado por autoras como Diana Russell y Marcela Lagarde, se establece como categoría política para dar cuenta de las muertes de mujeres víctimas de violencia por cuestiones de género que quedaban invisibilizadas.

En materia legislativa, uno de los aportes del movimiento de mujeres fue la incorporación de estándares internacionales en la reforma del articulo 80 del Código Penal, para visibilizar los femicidios y, sobre todo, para dilucidar circunstancias extraordinarias de atenuación, que resultaban beneficiosas para el autor de este tipo de asesinatos; es decir, para eliminar ese paraguas patriarcal poblado de argumentos como "crimen pasional", "celos", "emociones no controladas", "relación tormentosa", "estado de emoción violenta". Todas estas son falacias que encubren una realidad: el femicida se considera propietario de su víctima. Y aquellos conceptos fueron históricamente utilizados para evadir responsabilidades del agresor e intentar trasladar a la víctima las culpas por haber provocado la locura, los celos o el enojo, trastorno o la alucinación que desencadenaron la acción.

Cabe tener en cuenta que las mujeres víctimas de femicidios son principalmente asesinadas por hombres que conocen, ya sea con quienes conviven o tienen una relación de pareja estable o circunstancial. Se debe concientizar sobre el femicidio que atraviesa todos los niveles sociales, no discrimina edad ni lugar de residencia y responde a patrones sociales, culturales de denominación como causas estructurales e históricas de poder. Las matan por el hecho de ser mujeres.