El intento de los diputados oficialistas de Salta por sancionar una reforma de la ley de contravenciones que condicionara a los medios de comunicación bajo la apariencia de un sistema de protección contra noticias falsas y amenazas digitales cobró relieve internacional. Más allá de que se trataba de un proyecto inviable, que no sobreviviría la primera instancia judicial por su evidente inconstitucionalidad, y de que el gobernador Gustavo Sáenz anticipó el veto antes de que llegara al Senado provincial, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representa a más de 1.300 publicaciones de todo el continente, expresó un fuerte comunicado.

El solo hecho de que el proyecto presentado por la diputada Socorro Villamayor fuera aprobado por casi toda la Cámara Baja, con la sola excepción de la legisladora Sofía Sierra, se suma al intento del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien quiere introducir en la Constitución de esa provincia la regulación de la prensa independiente.

Para la SIP, ambos intentos son una amenaza a las libertades de información, de expresión, de opinión y de prensa. Una amenaza que está latente en todo el continente y que llega a casos extremos con las detenciones y exilio de periodistas en Nicaragua, Guatemala y Haití, con procedimientos que la entidad denuncia como irregulares y en las antípodas de Estados con Justicia independiente y respeto por la división de poderes. Esa tendencia se suma a la clausura de la prensa independiente en Cuba y los ataques de todo tipo que realizó el chavismo en Venezuela contra periodistas.

Justamente ayer, también, la entidad internacional comenzó la encuesta anual para establecer el "Índice Chapultepec 2023", que mide los niveles de libertades de prensa y expresión en 22 países.

"Este barómetro se ha convertido en un referente sobre la conducta de los poderes del Estado en materia de comunicación e información", señala la SIP. El índice lleva el nombre y mide aspectos de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión Celebrada en México en 1994 y sobre principios de la Declaración de Salta (2018) sobre libertad de expresión en el ecosistema digital".

El artículo 50

Sobre el proyecto salteño, la SIP destaca que "castiga con arresto y/o multas a 'quien difundiere noticias falsas' en el espectro digital", y pone especial acento en el artículo 50, que autoriza castigos para quien "cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales".

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, lamentó "que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución Nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos'. Y remarcó "el espíritu de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley".

Ideología y estrategia

A su vez, sobre la idea del gobernador Quintela de discutir en la Convención Constituyente sobre "la libertad de expresión y la gobernanza", la SIP no la ve como un error del momento, sino que evalúa que "el mandatario es crítico de los medios de comunicación y ya meses atrás había propuesto 'bloquear' a medios nacionales porque, dan 'información podrida', que no se puede 'verificar'".

Aunque no lo dice, la entidad sabe que Quintela es solo un reflejo de iniciativas que emanan de la dirigencia oficialista nacional, que lleva ya dos décadas tratando de intervenir en los medios del periodismo profesional. Esta idea fue expresada varias veces en discursos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y en documentos del Instituto Patria donde se propone una nueva Constitución nacional que regule la información y reduzca a la Justicia en una dependencia del Poder Ejecutivo.

El señalamiento del periodismo independiente como un brazo de los "poderes concentrados" y, por lo tanto, un enemigo de la ciudadanía solo se propone asegurar a los gobiernos la hegemonía absoluta de la información. Pero no se trata tampoco de una estrategia coyuntural: es una de las columnas del pensamiento -académico y de barricada- del populismo como ideología, que sostiene la necesidad de que tanto el periodismo como la Justicia sean "militantes".

Esto es lo que llevó a la diputada Sierra a decir en el recinto que el proyecto salteño "está pensado para blindar funcionarios".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, calificó esa propuesta legislativa como ambigua y peligrosa. "Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios".

El gran problema de fondo

Jornet subrayó que "es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información".

La Asamblea de la SIP que sesionó en Salta en 2018 justamente había abordado el problema de las manipulaciones de versiones distorsionadas o noticias falsas. Los medios digitales están promoviendo el escenario para la diversificación de este tipo de situaciones reñidas con la información objetiva, pero no por ello es posible justificar un atropello de esa naturaleza contra la libertad de opinión. Ese tema es cada vez más vigente.

Por lo pronto, el 27 y 28 de septiembre de 2023 se realizará la tercera edición de la Cumbre Global sobre Desinformación, organizada por la entidad junto con la Fundación para el Periodismo (Bolivia) y Proyecto Desconfío (Argentina), que cuenta con el apoyo de Google News Initiative, International Fact-Checking Network y Naciones Unidas Argentina.

Según la SIP, "los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital, y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales". Greenspon y Jornet remarcaron que la SIP "rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas".

Pero no se trata solo la búsqueda de "blindaje": la información profesional que se ve fuertemente comprometida por las "fake news" que circulan por las rede, muchas veces por decisión de los gobiernos o de operadores políticos de cualquier signo. De ese modo, se erosiona la credibilidad y se relativiza la verdad, mientras crece la duda sistemática y del desconcierto. Ese escenario es el ideal para los oportunistas y para la aparición de caudillos autoritarios que no soportan la democracia.