Cuatro años pasaron desde que los docentes estafados comenzaron a hacer las denuncias penales y civiles contra el fideicomiso Virgen de Urkupiña que tuvo a Patricia Argañaraz y Marita Cerezo como promotoras desde el principal gremio docente. Hoy, mientras esperan alguna condena penal, a la par peregrinan en la burocracia judicial para no perder las esperanzas de recuperar los ahorros de toda su vida o de los préstamos que pidieron para poder acceder a la casa propia.

La causa civil, a cargo del juez de Concursos, Quiebras y Sociedades de la Primera Nominación, Pablo Muiños, está en etapa de liquidación del fideicomiso y Rafael Peñalba fue designado como síndico liquidador.

Son más de 100 familias las denunciantes. Eduardo Romani representa a la mayoría de los demandantes. El abogado indicó que se presentaron a verificar créditos y ahora están a la espera de que el juez Muiños los admita como acreedores dentro de la liquidación. Aparte de los docentes que pagaron por las casas que nunca recibieron, también se presentó a la liquidación del fideicomiso "Aire de los Andes", empresa a cargo de la construcción de las casas de uno de los loteos promocionados en San Luis.

"No damos más, queremos justicia, ya estamos llegando a fin de año y aún no tenemos respuesta", indicó a El Tribuno Emilse Atampiz, una de las docentes estafadas. La mujer aseguró que varios colegas pasaron a jubilarse y otros fallecieron endeudados y sin poder acceder a la casa que soñaron.

"Desde principios de año esperamos que el juez nos acepte", agregó la docente, que indicó que "al menos" quieren recuperar la posibilidad de un terreno o el dinero equivalente al que pusieron. Además de la aceptación de los docentes en la liquidación del fideicomiso, la Justicia debe decidir sobre si el gremio tuvo alguna responsabilidad. Los docentes pidieron la extensión de responsabilidad. "Ellos no se quieren hacer cargo, pero el fideicomiso estaba integrado nada más ni nada menos que por la presidenta y tesorera. Además, para acceder al fideicomiso tenías que ser socio y atendían a los interesados en las oficinas del gremio. Incluso se dieron recibos de pago con el sello del gremio y la revista institucional promocionaba el plan de viviendas", especificó el abogado.

Atampiz contó que en diciembre del 2021 la abogada del gremio les ofreció como compensación terrenos en Las Hortensias y Las Marías. "Se hizo un sorteo ficticio y en marzo del 2022 nos enteramos que estaban flojos de papeles, nos iban a volver a estafar", advirtió. El hecho de que Cerezo continúe formando parte de la actual Comisión Directiva de la ADP y en el mismo cargo, indicaron, es otra clara muestra no solo de impunidad, sino de "responsabilidad del gremio".

No es la primera advertencia de los docentes ante la tardanza de la Justicia. En mayo del año pasado, ocho meses después de que la fiscal Salinas Odorisio solicitara la elevación a juicio y luego de que el docente Luis González, de Ballivián, se encadenara a los llantos en las puertas de la ADP, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, ordenó elevar la causa a juicio. El proceso recayó en la Sala 6 del Tribunal de Juicio compuesto por Mónica Mudski (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra. Sin embargo, aún el proceso no tiene fecha. Fuentes judiciales indicaron que el juicio iniciaría en abril; mientras, se debe resolver un pedido de la defensa de Argañaraz para acceder al beneficio del juicio a prueba, el que ya le había sido rechazado en una instancia anterior.

Argañaraz, ex secretaria de la ADP (Asociación Docente Provincial) y Ana María Cerezo , tesorera, fueron imputadas como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos). Raúl Argañaraz (hermano de Patricia) y Nicolás Demetrio Zissi (expareja de Argañaraz) quedaron acusados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y como coautores de estafas reiteradas.