La disputa por el control de la calle volverá a hacerse evidente hoy. La Confederación General del Trabajo (CGT) concretará su primer paro general contra la gestión de Javier Milei, a un mes y medio de la asunción del libertario, para rechazar el mega DNU y la ley ómnibus, en especial sus apartados referidos a las reformas laborales, en una aceleración de una pugna con desenlace incierto.

La CGT convocó a una huelga de 12 horas de extensión a partir de este mediodía, que será acompañada de una marcha al Congreso que contará con la adhesión de los sectores opositores a Milei, como Unión por la Patria y la izquierda, y el resto de los espacios sindicales, como las dos CTA, además de los movimientos sociales.

En la previa al paro, convocado a menos de 20 días de la asunción de Milei, convirtiéndose en el más rápido desde el regreso de la democracia, referentes de la CGT, como Héctor Daer y Pablo Moyano, se cruzaron públicamente con representantes del oficialismo, como el portavoz Manuel Adorni.

El protocolo antipiquetes

La pelea incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien busca hacer cumplir el protocolo antipiquete y evitar los cortes de calles, por lo que la cartera advirtió a la central obrera que no se encuentra habilitada "para asegurar, autorizar o restringir ningún tipo de circulación".

El transporte público estará garantizado hasta las 19, a fin de permitir que aquellos ciudadanos que quieren sumarse a la movilización luego cuenten con medios para regresar a sus hogares.

Desde el mediodía se espera que comiencen a llegar las principales columnas de los sindicatos a la Plaza del Congreso, donde se prevé que horas después se desarrollará un acto que, en principio, tendría como oradores a los miembros del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio y garages).

Para el sindicalismo, el mega DNU y la ley ómnibus contienen "muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, que introducen una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores".

Entre ellas mencionan la irrenunciabilidad; la extensión del período de prueba; la creación de injurias específicas reñidas con la libertad sindical; la reducción de los montos indemnizatorios y la imposición de una moratoria imperativa para el pago de las condenas.

En esa pugna, el gremialismo consiguió que la Justicia laboral frenara los artículos del DNU que refieren a los temas laborales, por lo que no se encuentran actualmente en vigencia, a diferencia del resto de su contenido.

Pero su objetivo final, tal como blanqueó Pablo Moyano, es "voltear" por completo el mega DNU y la ley ómnibus que impulsa el Ejecutivo.

Juez prohíbe que se requise y filme a los manifestantes

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, le ordenó ayer al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que se abstenga de filmar a manifestantes que asistan hoy al paro nacional convocado por la CGT y que se hagan requisas sin justificación alguna.

La determinación hace lugar a un hábeas corpus presentado por habitantes de la provincia de Buenos Aires que se presentaron a través de un abogado y se quejaron de las requisas que se hicieron en anteriores manifestaciones tras la asunción de Javier Milei. En el reclamo, señalaron que es una afectación a sus derechos puesto que a aquellos que se movilizan en transporte público y sin justificación alguna se les hicieron requisas y se los filmó, no habiendo justificación para ello.

"La eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos -esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social- implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional", sostuvo el juez en el fallo.

"Las irregularidades se verían más agravadas si la intervención policial que incluya requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control", remarcó.

El fallo judicial es para que Bullrich se abstenga de dar esas directivas a las fuerzas federales y sobre todo de aquellos manifestantes que se trasladen en transporte público o en los acceso a las unidades de trenes, "todo ello dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado", en la provincia de Buenos Aires.