Con la ley "Bases" casi encaminada a su aprobación en Diputados, el Gobierno mantiene su postura de lograr el déficit cero este año, hecho que las provincias ven con preocupación porque sin el capítulo fiscal del megaproyecto, el recorte pasará -casi sin ninguna otra opción- por una poda sobre las transferencias a los distritos, sobre todo las discrecionales.

La marcha atrás con el capítulo fiscal significará menos dinero para el Gobierno nacional pero también para las provincias, que no tendrán el beneficio de los cambios que se proponían con el blanqueo y la reinstalación de la cuarta categoría de Ganancias. Esos son ítems fundamentales aunque también tenía su peso el cambio de la fórmula de ajuste jubilatorio.

Antes de desistir del paquete fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado -con el aval implícito del presidente Javier Milei- que el Ejecutivo no resignaría la meta del déficit fiscal cero. El miércoles de la semana pasada, en un posteo de Twitter, contó: "Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales".

Sin dudar, los gobernadores tradujeron el mensaje: si no se aprueban las herramientas para recaudar más, el recorte pasará por las transferencias que reciben de Nación, en especial los fondos que van por fuera del reparto que fija la ley de coparticipación (transferencias discrecionales).

Según datos oficiales, las partidas totales correspondientes a "transferencias discrecionales" tuvieron el año pasado un presupuesto asignado de 2,25 billones de pesos, equivalentes a 1,3 puntos del PBI.

El grueso de los fondos que van a las provincias y que administra el Tesoro por fuera de la coparticipación se destinan al Fondo nacional de incentivo docente; el Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires; la Asistencia financiera a provincias y municipios y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.

Según el estudio "Anatomía de las transferencias" que elaboró Marcelo Capello, experto en federalismo fiscal del Instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, la provincia más beneficiada por las transferencias discrecionales "corrientes" (es decir, para financiar gastos ordinarios) fue Buenos Aires que recibió el 49,5% del total. Mientras que la más beneficiada por transferencias discrecionales "de capital" (para financiar obras o programas) fue La Rioja.

A los distritos más "mimados" se suman Santa Cruz, Chaco, Tierra del Fuego y CABA.

Reunión

El alerta por una poda de fondos ya circula entre los mandatarios provinciales. Ayer, el cordobés Martín Llaryora, que antes rechazaba la ley "Bases" u Ómnibus y ahora la apoya, consideró un "error" retirar todo el capítulo fiscal que pueden brindar algunas herramientas para reforzar las arcas de todos.

Mientras en la Casa Rosada buscan los votos para lograr que la Cámara de Diputados sesiones mañana y le dé media sanción, los gobernadores "dialoguistas" tienen previsto reunirse hoy por Zoom para unificar su postura y definir su apoyo al extenso proyecto de ley.

Un "error" el retiro del paquete fiscal

Tras cambiar su postura sobre la ley ómnibus y anunciar su apoyo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró ayer la decisión del Gobierno de "retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error".

"Yo digo, ¿para qué retirarlo todo? Si tenés parte del paquete que nosotros, los que nos animamos y queremos un país mejor, estamos dispuestos a acompañar. Dejá al costado las diferencias en ganancias, en retenciones y en lo previsional, eso dejalo para más adelante", analizó.

Además, objetó el aumento de las retenciones en el proyecto original: "Las retenciones eran un mal impuesto y no tenían sentido".

"Gobierno torpe"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró ayer que el Gobierno peca de "torpe" en la decisiones que tienen como objetivo generar consenso, en referencia a la negociación por la ley ómnibus.

"Yo no veo un Gobierno débil desde el apoyo popular. Sí veo un gobierno débil desde lo parlamentario, torpe en muchas decisiones que tienen que llevar a generar los consensos necesarios porque ahí también hay otro dilema", lanzó Torres.

Y continuó: "Algunos hablan de la batalla cultural o los hitos comunicacionales de ir hacia una derrota parlamentaria, pero sostener la ética de que la casta no me deja gobernar o conseguir las herramientas para poder gobernar … Y la realidad es que la gente quiere resultados".