En virtud de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, en torno al cobro irregular del plan social Potenciar Trabajo por parte de empleados públicos, el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, lleva adelante diligencias en el marco de una investigación preliminar.

Las actuaciones son dirigidas por el titular dicha área, el fiscal Ricardo Toranzos. Las diligencias se iniciaron el 26 de diciembre pasado y están dirigidas a verificar la situación de más de 200 empleados públicos de la provincia, quienes habrían percibido el beneficio económico dispuesto para dicho plan, dirigido a personas en estado de alta vulnerabilidad.

En el marco de la investigación, que se lleva adelante bajo la calificación de defraudación a la administración pública, ya se dispusieron varias medidas a fin de verificar las incompatibilidades entre los empleados que percibieron los pagos por dicho plan social.

La cantidad de empleados públicos salteños se desprende del listado al que accedió El Tribuno. En todo el país eran los 4.588 beneficiarios de ese plan nacional que se dieron de baja en 14 provincias por posibles incompatibilidades.

Irregularidades

La medida fue comunicada en la resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial de Nación. De acuerdo al detalle del anexo de la normativa, las irregularidades se descubrieron tras el entrecruzamiento de datos del plan social con información brindada por la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Provincia, a cargo de Eilif Riise.

La decisión había sido anticipada días atrás por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el avance de una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, que remitieron esas listas. Los distritos investigados hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Cruz y Salta. El resto de las administraciones todavía no enviaron sus datos, a pesar de haber sido intimadas.

En su investigación preliminar, Marijuan acusa a los beneficiarios con incompatibilidades de "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública".

Días atrás, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, había dado a conocer que según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, serían 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole con el Potenciar Trabajo.