Sobre el filo del plazo máximo, el Gobierno envió ayer al Congreso Nacional el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, en una señal de que está dispuesto a impulsar su tratamiento en medio de las versiones que indicaban que intentaría evitar que se trate. A partir de ayer, la Comisión Bicameral, que aún debe conformarse, tendrá diez días hábiles para emitir dictamen y enviarlo para su debate en el recinto de Diputados o el Senado.

El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi. Ingresó por la Cámara Alta poco antes de las 15, aunque existía la posibilidad de que lo hiciera por cualquiera de las dos Cámaras.

Fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo.

Toma mayor relevancia tras el fallo de la Justicia

El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar "de oficio" el decreto. Fue un gesto de institucionalismo en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.

A partir de ayer rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre y empiece a debatir el documento para que luego, eventualmente, haya o no dictamen. Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que solo presentó un nómina provisoria y exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios (son ocho por Cámara, que deben reproducir las representaciones políticas de ambos cuerpos).

Mientras se especula sobre cómo avanzará la Justicia -que también hizo lugar a un pedido de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- en Balcarce 50 confían en que saldrán airosos del debate legislativo y están seguros de que hicieron todos los deberes. Entre ellos, incluir el tratamiento del DNU en el articulado de la ley ómnibus, para asegurarse otra instancia de debate en caso de que la Bicameral rechace el megadecreto.

No hay antecedentes de una desetimación

De todas formas, insisten en que no hay antecedentes de una desestimación en la historia, porque las condiciones requeridas para darlo de baja -el rechazo de las dos Cámaras- son muy difíciles de alcanzar. El Gobierno oscila entre dos estrategias para que la medida sobreviva. Al Presidente algunos asesores le recomiendan postergar al máximo el tratamiento, para que venza el plazo, como ocurrió con la mayoría de los decretos. Otros le indican que convendría acelerar para obtener un dictamen que eventualmente funcione como argumento simbólico para que la Corte Suprema, reacia a inmiscuirse en las discusiones de los otros poderes, pueda apoyarlos en caso de que las presentaciones judiciales escalen hasta la última instancia.

Estrategias

Milei aún no dio señales sobre cuál de los dos caminos elegirá para lograr su aprobación: postergar al máximo el tratamiento para que venza el plazo o acelerar su tratamiento para obtener un dictamen a favor. Por lo pronto el Presidente viajó ayer a la Base Marambio, donde se quedará hasta esta noche. El domingo descansará antes de una semana clave, durante la cual empezará el debate en comisiones de la ley ómnibus. Mientras tanto, se conocerá si el Gobierno promueve la creación de la Bicameral o no, y demostrará así si quiere o no acelerar el tratamiento del controversial decreto o procurará que quede vigente por omisión como ocurrió con otras medidas similares.