Cuando asumió el presidente Javier Milei y, tal como lo había anunciado en su campaña, disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se generaron dudas sobre la continuidad de las áreas con funciones similares en las provincias y en los municipios. En un marco de recortes presupuestarios y con un discurso a favor del achique del Estado por parte de las principales autoridades a nivel nacional, muchas políticas relacionadas con derechos humanos quedaron pendiendo de un hilo. En Salta, provincia en emergencia por violencia de género desde 2014, la decisión oficial fue sostener la cartera a cargo de Itatí Carrique con la misma estructura que tenía hasta el año pasado. Sin embargo, dar continuidad a las políticas contra los femicidios y la violencia machista sin una actualización presupuestaria será un desafío diario, ya que todos los Ministerios tendrán las mismas partidas que en 2023.

En diálogo con El Tribuno, la funcionaria aseguró que serán prioridad los programas que apuntan a la independencia económica de las mujeres de sectores vulnerables. En este contexto, no descartó buscar financiamiento de organismos internacionales comprometidos con temas sociales.

Además, cuestionó el proyecto que la Nación envió al Congreso para modificar un importante número de leyes vigentes porque apunta a que deje de ser una obligación para los trabajadores estatales formarse en la materia.

¿Cómo sigue la estructura de la Secretaría a su cargo? ¿Hubo cambios de importancia?*

La Secretaría y todo lo relacionado al área siguen exactamente igual que en el momento de su creación. Es decir, la estructura continúa teniendo dos subsecretarías, que son las de Prevención de las Violencias por Razones de Género y la de Igualdad y Diversidad, además de una Dirección General, que es la Agencia de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguimos dependiendo del Ministerio de Gobierno, así que todo eso está exactamente igual. No hubo ningún tipo de cambio.

¿Cómo afectaron al área los recortes de presupuestos que se están haciendo? ¿Cómo se están adaptando a eso y cuáles serán los principales ejes de gestión para los próximos años?

Como la Provincia prorrogó para 2024 el Presupuesto del año pasado, no hay técnicamente un recorte presupuestario pero, con la inflación que tuvimos en el último año, eso se va a traducir obviamente en menos recursos disponibles. Es algo que nos va a pasar en todas las áreas de gobierno. Además, no solamente se prorrogó el presupuesto sino que hay una emergencia económica. Entonces, claramente el panorama es complejo y afecta, no solamente a mi área, sino a todas.

En ese sentido, lo que vamos a hacer es seguir trabajando en las mismas líneas, que nos parecen las neurálgicas y las más importantes de la planificación de la Secretaría. Eso tiene que ver con la prevención de las violencias por razones de género, pero por otra parte, con todo lo que apunta a promover la autonomía económica de las mujeres. Obviamente, el objetivo y nuestro mayor compromiso es que se siga haciendo.

Claramente habrá que ser un poco más estratégicos en esa administración de recursos y no solamente estratégicos, sino también ingeniosos, buscar quizás financiamiento de organismos internacionales que están muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con cuestiones de violencia de género. Es una posibilidad que seguramente vamos a trabajar en conjunto con otras áreas de gobierno.

En relación con esto de promover la autonomía económica de las mujeres, vamos a trabajar también para alcanzar uno de los grandes desafíos que asumimos en 2023, que es tener una encuesta de hogares monomarentales en la provincia. Para nosotras es muy importante, sería tener nuestro propio índice de crianza (Nota de la Redacción: se trata del monto que se requiere para cubrir todas las necesidades de un niño, dato que el año pasado comenzó a medir el INDEC)

Además vamos a seguir trabajando con el programa "Constructoras" y con todo lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres en la minería y las nuevas tecnologías. Son los ejes rectores que tenemos. El Centro de Autonomía Económica que tiene la Secretaría es un gran pilar que nos sirve para todo este tipo de capacitaciones y para la promoción de la independencia económica de las mujeres.

¿Cómo terminó 2023 en Salta en materia de femicidios? ¿Cómo evolucionaron las cifras? ¿Hay algo que preocupe o llame la atención con respecto a esos datos?

Hasta noviembre teníamos 10 casos con carátula de femicidio y 15 de muertes violentas que seguían siendo investigadas. Esto, según información del Poder Judicial. Acá lo que digo es que, la diferencia de uno o dos femicidios entre un año y otro, a mí no me parece lo más relevante. Quizá se pone el eje en los números desde la prensa. Yo creo que un solo femicidio que haya en la provincia ya es grave, va a ser grave siempre y nos obliga a seguir redoblando los esfuerzos para trabajar, para terminar con crímenes de una raíz muy profunda y responden a una problemática estructural que tenemos como sociedad.

Yo creo que los trabajos que hacemos las áreas de género y las organizaciones de la sociedad civil se van a ver reflejados en el mediano plazo, porque no es solamente la tarea diaria que se hace asistiendo y realizando seguimientos de casos, sino también cómo cambiamos esa matriz cultural machista que tiene nuestra sociedad.

Entonces, si bien los números claramente representan algo y son los que nos guían y los que se convierten en noticia, yo creo que tenemos que ver la problemática desde esta cuestión estructural, desde la necesidad de trabajar en diversas líneas y esto implica seguir avanzando en lo que es sensibilización en materia de violencia de género.

Por eso es tan importante que se siga sosteniendo la Ley Micaela y lo digo justamente en este contexto, con una "ley ómnibus" que plantea o que pone en tela de juicio esta norma (que establece que todos los funcionarios estatales se deben formar en la materia)

Entonces, los caminos para terminar con la violencia de género y con los femicidios son muchos. Son varios trayectos los que hay que recorrer y para eso tenemos herramientas que, en tanto y en cuanto no se cambien, nos van a permitir seguir trabajando en esas líneas. Un ejemplo es que la Ley Micaela siga siendo obligatoria para todos los agentes de los tres poderes del Estado. Ese tipo de normativas hasta acá nos habían ayudado mucho y nos siguen ayudando para prevenir las violencias por motivos de género.

En cuanto eso no cambie, vamos a poder seguir trabajando en esas líneas. Insisto en que, si bien los medios toman los números absolutos de femicidios, la problemática no puede quedar reducida a un número. Tiene que ser vista desde una perspectiva y una complejidad mucho más amplia.

Se está viviendo un clima de época en el cual parece que los derechos en general, y en particular los derechos de las mujeres y diversidades, pasaron a ser un tema menos relevante, por lo menos en el discurso que se sostiene desde el gobierno nacional. ¿Cómo cree que deben actuar las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres frente a ese escenario?

Claramente es una preocupación, no solamente para aquellos que estamos en áreas de gobierno relacionadas a la temática, sino también en las organizaciones y movimientos de mujeres. Creo que hay, en general, hay un discurso muy violento que se está validando en nuestra sociedad, desde las autoridades nacionales y medios de comunicación, y que gran parte de ese discurso apunta contra las mujeres y las diversidades.

¿Cree que esta crisis social y económica va a afectar de una manera especial a las mujeres?

Con respecto a la crisis económica, tenemos desde la Secretaría la certeza que la población más afectada va a ser la de las mujeres y diversidades, claramente. Esto se vio en la pandemia. Cuando la sociedad vive una crisis política y económica como la que estamos atravesando, las principales afectadas son las mujeres y personas de la diversidad. ¿Por qué? Porque en un contexto normal, si se quiere, poniéndolo entre comillas, las mujeres ya están en condiciones de mayor vulnerabilidad con respecto a los hombres.

En condiciones normales, las mujeres somos más pobres, tenemos menos posibilidades de acceder a trabajos formales, estamos peor remuneradas y seguimos siendo las que nos ocupamos de las tareas de cuidado. Entonces, cuando tenemos un contexto de crisis, eso claramente afecta más a las mujeres y hace que, si antes les costaba conseguir un trabajo, por ejemplo, hoy les cuesta el doble.

Viendo cómo el Gobierno Nacional está buscando modificar cuestiones relacionadas al trabajo... La posibilidad de despedir a las personas sin indemnizarlas correctamente, ¿cómo afecta, por ejemplo, a las trabajadoras de casa particulares, que son, como sabemos, una de las ramas de la economía que más impacta en el trabajo de las mujeres?

Todas esas situaciones que perjudican a todos en general, pero que, por la mayor vulnerabilidad, nos afectan más a nosotras, claramente van a repercutir en las mujeres y en sus hijos e hijas.

¿Cree que se va a tener que debatir nuevamente el tema del aborto en el Congreso?

La ley del aborto ya se debatió en el Congreso, fue aprobada hace tres años y, claramente, todos sabemos el impacto positivo que tuvo esto en la salud de las mujeres y las personas gestantes.

En este escenario, donde vemos que el Congreso está funcionando en sesiones extraordinarias, donde tiene para tratar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) muy complejo que busca modificar más de 300 leyes, con una "ley ómnibus" que también busca impactar o realizar cambios en legislación que tenemos, también en 300 normas, no veo que eso vaya a suceder.

Pero claramente aquellos que defendemos el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir, estamos en alerta, siempre defendiendo la aplicación correcta de esta ley y ese derecho que hemos conquistado con tanto esfuerzo y a lo largo de muchísimos años. Las mujeres, las feministas y los movimientos que se abocan a estas personas, vamos a seguir defendiéndolo, por supuesto.

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo nacional busca permitir que los padres no asuman la paternidad. ¿Cómo afectaría eso a las mujeres?

Ese proyecto fue presentado por una legisladora de Buenos Aires, no tiene que ver estrictamente con nuestra provincia. Pero hay que decir que es una barbaridad, que es anticonstitucional y que nadie puede desconocer o rechazar la paternidad ni la maternidad de ninguna manera. Me parece que son bombas de humo, si se quiere, que se tiran para justamente generar ruido y confusión. Hoy hay que decir que tenemos, en Salta y a nivel nacional también, una gran cantidad de hombres que, por ejemplo, ya desconocen su paternidad cuando no se hacen cargo del pago de la cuota alimentaria.

Más del 50 por ciento de las mujeres que están separadas tienen grandes dificultades para cobrar la cuota alimentaria a los progenitores de sus hijos e hijas, con lo cual ya existe esa renuncia a la paternidad y eso hace también que las mujeres que tienen hijos e hijas atraviesen situaciones muy complejas, porque los hombres no reconocen las obligaciones que tienen con respecto a sus hijos e hijas.

Así que me parece que fue una barbaridad que tiró esta legisladora sin ningún tipo de conocimiento sobre la realidad de las mujeres y los niños y niñas de nuestro país. Hay más de 1.600 niños y niñas que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y en forma por parte de sus padres y eso hace que las mujeres tengamos que trabajar el doble, que necesitemos tener más empleos y que, obviamente, afrontemos solas la gran responsabilidad que es la crianza.