La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal por el delito de tráfico ilegal de personas seguida contra un ciudadano boliviano que fue detenido en Rosario de la Frontera, cuando viajaba con dos adolescentes de 15 y 17 años supuestamente a su cargo, pero sin la documentación respaldatoria.

La acusación contra el imputado Benito Castro Cáceres fue requerida el primero del corriente mes por la Fiscalía en el marco de una investigación iniciada el 28 de septiembre pasado, a partir de un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta 34.

Según la auxiliar fiscal, Florencia Altamirano, Cáceres fue detenido tras detectarse irregularidades en la documentación de viaje respecto a los dos menores -un varón de 17 años y su hermana de 15-, que viajaban a su cargo, quienes aportaron datos contradictorios con la versión dada por el acusado.

La representante del MPF explicó que todos habían salido de la ciudad de Aguas Blancas, en el departamento salteño de Orán, y se dirigían a Mar del Plata, y si bien los adolescentes reconocieron que Cáceres era su tío, entre ellos no se conocían. Además, se estableció que previamente, los adolescentes habían iniciado el viaje en taxi desde la localidad boliviana de Tarija y luego ingresaron a territorio nacional por un paso ilegal.

Sobre Cáceres, sostuvo que fue quien pagó el viaje en micro y el taxi, y que, además, tenía en su poder los documentos de los menores, a quienes, en primera instancia, dijo desconocer, aunque luego afirmó ser su tío.

Se advirtió que en todo momento ejercía cierto control sobre los adolescentes y que los teléfonos de los menores estaban en su poder sin los chips colocados. También señalaron la existencia de certificados de salud que alarmaron a las fuerzas de seguridad sobre la menor de 15 años.

En razón de esta conducta, y dado que el acusado y los menores reconocieron el ingreso ilegal, la fiscalía solicitó la detención de Cáceres y la retención de los menores, quienes fueron remitidos en dispositivos de la Secretaría de la Niñez de Salta, luego entregados a sus padres y finalmente se propició su retorno a Bolivia, a través del consulado de ese país en Salta, cuya agente consular colaboró con la fiscalía de manera permanente desde el inicio del caso.

Vulnerabilidad de las víctimas

Sobre las alarmas detectadas al momento del hecho, la fiscalía reveló que uno de los adolescentes no quería hablar con sus padres y contó que viajaba a ver a su abuela en Mar del Plata, en tanto el segundo indicó que iba al mismo destino, pero su intención era trabajar y reunir dinero para adquirir accesorios para una moto.

Pese a ello, el equipaje que llevaban era muy escaso y no se correspondía con la cantidad de prendas para una larga temporada. De la entrevista mantenida con los padres a su arribo a Salta, se advirtieron ciertas inconsistencias. Uno de los progenitores, por ejemplo, desconocía que su hijo estaba de viaje.

Además, la familiaridad con Cáceres no era tan estrecha ya que sería primo de la madre de los adolescentes, pero no se conocían. En lo que sí todos coincidieron fue en que tenían familiares en Mar del Plata, donde trabajan como agricultores, lo que profundizó las sospechas de la fiscalía respecto al verdadero motivo por el cual los menores eran trasladados.