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Javier Milei, presidente de la Nación.
El gobernador Torres respondió con munición gruesa a la retención de fondos. "Provincias Unidas del Sur" apoyó el bloqueo al suministro de combustibles.
25 DE Febrero 2024 - 01:50
La reacción del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, frente al Gobierno nacional es una fuerte señal de alarma. Rechaza la decisión de descontarle $13.500 millones de la coparticipación para cubrir el supuesto vencimiento de una deuda. Torres asumió el 10 de diciembre en una de las provincias más desquiciadas del país, arrasada luego de la gestión de Mariano Arcioni quien, en su curriculum, debe incluir los tres años sin clase en las escuelas públicas y que, en el naufragio, logró que el gobierno de Alberto Fernández le facilitara un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la deuda asciende a $119 mil millones, con garantía en la coparticipación.
Torres había solicitado acordar una nueva forma de pago durante los días anteriores para evitar el colapso financiero de su administración. No tuvo respuesta, lo cual no es extraño. Ni Luis Caputo ni el presidente Javier Milei dialogan con los gobernadores. Ambos están enfrascados en su mundo de números, títulos y negocios financieros, y de suposiciones acerca de la sociedad. Por eso mandan delegados: Santiago Caputo, sin cargo relevante, pero en el que Milei confía; es el mismo que amenazó a los diputados con dejar a las provincias sin un peso. Otro es Guillermo Francos, que una vez más volvió a quedar mal parado.
La cuota de esa deuda equivale al 30% de los salarios de la provincia, que, al mismo tiempo, insiste por fondos coparticipables adeudados por la Nación. La deuda contraída por Arcioni está atada a la inflación y este año se deben pagar los 119 mil millones. "Con esta inflación, terminaríamos pagando este año $ 220 mil millones", calcula Torres.
La amenaza de Ignacio Torres de impedir la salida de gas y petróleo no tiene respaldo legal, pero responde a un abuso del poder central.
Una alternativa presentada a Francos por el gobierno chubutense es amortizar la deuda en 96 cuotas mensuales (esto es, en 8 años) con un período de gracia de dos años. Además, propone salir del ajuste por CER y ajustar su deuda con otras tasas vigentes para estos casos. En otra nota Chubut le propuso al ministro del Interior usar un artículo de la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para cancelar toda la deuda y emitir un bono de entre 3 y 5 años de plazo.
La respuesta de Caputo, ayer, desconociendo las propuestas, se hizo por un mensajito en redes. Todo indica que este Gobierno nacional se rige por un círculo - tan cerrado, que parece esotérico - integrado por el Presidente, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. No es extraño, entonces, que los problemas de las provincias caigan en saco roto.
El gobernador Torres respondió con artillería pesada. Advirtió que, si no se le giraban los fondos coparticipables retenidos, no saldría gas ni petróleo de Chubut.
Una apuesta muy fuerte. Según la Constitución Nacional las provincias son dueñas de sus recursos, pero las empresas privadas tienen libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que producen. El bloqueo a la salida de esos hidrocarburos sería inconstitucional.
Aunque "la sangre ni llegue al río", Milei debe considerar que las provincias patagónicas tienen el 98% de las reservas de hidrocarburos.
Se trataría de una "medida de acción directa" con la que el gobierno de Chubut estaría respondiendo a una acción unilateral y muy dudosamente constitucional de parte del poder central. Una rebelión.
Ya sea por autoritarismo o por una fe ciega del núcleo duro del poder en la pericia de Luis Caputo o, lo más probable, en la magia de la comunicación digital que, puede fallar, la administración necesita otros instrumentos para conocer la realidad.
La economista Marina dal Poggetto había advertido: "Milei tildó de traidores a los gobernadores. No hay una 'Liga de Gobernadores', no todos quieren estar del mismo lado, pero el riesgo es que los junte a todos".
No es profecía, sino sentido de la realidad. Por más temeraria que resulte la advertencia de Torres, el primer respaldo fue el comunicado de las "Provincias Unidas de Sur" firmado por los gobernadores de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las cuencas de esas provincias produjeron el 98% del petróleo y 97% del gas. Y acumulan el 89% de las reservas de petróleo y 98% de las gasíferas.
El otro pronunciamiento conjunto fue el de los nueve gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Jorge Macri. Y luego se fueron sumando todos los demás, excepto el tucumano Osvaldo Jaldo.
La decisión de imponer a las provincias un ajuste sin acuerdos previos es una forma de prepotencia que atropella al sistema federal.
Mientras tanto llovieron los agravios y amenazas al gobernador chubutense emitidas (siempre por las redes) por el Presidente, sus seguidores y sus trolls. En ese universo cerrado, en el que no faltan invocaciones religiosas, se manifiesta una búsqueda de autoconvencimiento y de fidelización de los fieles. La realidad de la política y la sociedad queda afuera.
El "equilibrio fiscal y financiero" de enero celebrado por Milei y el ministro Caputo es por ahora un juego contable basado en la licuación de jubilaciones y salarios con la mega inflación, la retención de fondos a las provincias, la paralización de las obras públicas y, consecuentemente, el debilitamiento de todos los servicios que el Estado está obligado por la Constitución a prestar en todo el país.
La celebración va a ser posible el día en que aumenten el empleo genuino y el poder adquisitivo del dinero.
El país necesita ajuste, porque el déficit externo es el camino a la ciénaga. Las provincias también deben sanear sus administraciones, evitar gastos superfluos y trabajar para que aumenten la inversión productiva y el empleo genuino; es decir, que se termine el régimen clientelar y la endémica tentación feudal.
Pero nada se resuelve por la vía de la arbitrariedad, el agravio y el decisionismo. La motosierra y la licuadora son dos símbolos de destrucción, pero no garantizan construcción.
El conflicto, hoy, no es con Ignacio Torres, sino con las provincias. Si se convierte en una confrontación insoluble, no solo fracasará este gobierno, sino que se deteriorará aún más el orden institucional federal, vapuleado desde hace años por el hiper presidencialismo.