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El hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal.
Es difícil controlar a los que cruzan la frontera con DNI argentino.
10 DE Marzo 2024 - 02:06
La caída que se registra en la demanda de atención sanitaria de extranjeros en Orán no tiene correlato con lo que pasa en otro departamento fronterizo, como es el caso de San Martín. Allí, en los hospitales de Tartagal y Salvador Mazza la situación se mantiene "como siempre".
Es que, por ejemplo, en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal la medida puede estar pasando "inadvertida". Si bien las autoridades hospitalarias no quisieron hacer comentarios al respecto, se sabe que allí "siempre se cobró" la atención a extranjeros, aunque en casos mínimos y muy poco frecuentes por una cuestión "documental".
Ocurre que en ese departamento la "doble nacionalidad" de los ciudadanos bolivianos es una moneda común y corriente, por lo que cuando un extranjero cruza la frontera con documentación argentina, automáticamente le corren todos los derechos de un ciudadano local: salud, educación, vivienda, trabajo y asistencia social.
Pero la situación no tiene su fin en ese punto, ya que otro tema complejo es el de las mujeres que cruzan la frontera para dar a luz en territorio nacional. Llegan con trabajo de parto y, de acuerdo al decreto, deben ser asistidas por una cuestión humanitaria. No obstante, los niños al nacer en territorio argentino automáticamente reciben la documentación nacional, con lo cual el ciclo se reinicia y se perpetúa.
Consultados por El Tribuno, actores de la salud de Salvador Mazza que pidieron mantener su identidad en reserva afirmaron que esta situación puntual será muy difícil de controlar, por los beneficios que otorgan los DNI argentinos, que en épocas preelectorales "se regalan como souvenirs para que los bolivianos vengan a votar en nuestro país". La actitud entreguista y reprochable de políticos locales, que sin escrúpulos regalan los documentos argentinos en tiempos de campaña, hoy deja ver sus efectos nocivos.
Por otro lado el DNI argentino es también un verdadero negocio detrás de la frontera, ya que al igual que los "tours de salud" los documentos nacionales argentinos se venden como pan caliente en ciudades como Santa Cruz y Tarija. Incluso con promociones en las plataformas de Internet.
El año pasado una investigación de El Tribuno reveló el negocio promocionado desde las redes sociales que en los flyers destacaban: "DNI argentino. Si te encuentras en territorio boliviano y quieres radicarte en la República de Argentina, escríbenos; trámites rápidos. Solo te presentarás en dependencias argentinas para la foto y para aportar tu firma".
La promoción la realizaba una consultora en servicios migratorios bolivianos que se identificó como Jacha Uru. Nunca hubo una investigación oficial al respecto, pero se sospecha que su titular estaba vinculado a las oficinas consulares en Salta.
De esta forma el problema documental y el beneficio de la doble nacionalidad será una situación difícil de afrontar para la efectividad del decreto 129 del gobierno de Gustavo Sáenz.
El decreto de necesidad y urgencia elaborado por la Provincia tiene un enfoque específico en los extranjeros con residencia transitoria o precaria, pero al contar con documentación argentina el control se hace muy difícil.
Por ello se propuso la creación de una aplicación que permita verificar la situación migratoria y tributaria de los extranjeros con doble nacionalidad, utilizando datos de Migraciones, Rentas, Dirección de Inmuebles, entre otros, para garantizar su autenticidad como residentes en Argentina. La medida podría ser la solución a esta "zona gris" del decreto, pero necesita el complemento de organismos nacionales.
El cobro por los servicios de salud a extranjeros no residentes que se encuentren en Salta continúa generando revuelo no solo en otras provincias del país que analizan tomar la misma medida, sino también en Bolivia, uno de los principales países de origen de la demanda extranjera en materia de salud gratuita.
El DNU generó que días pasados el alcalde de Tarija, Johnny Torres, solicitara la firma de un convenio recíproco en salud con autoridades de Salta, ya que está al tanto que tarijeños reciben atención "desde hace varios años" en la provincia.
La medida, sin lugar a dudas, generó un impacto grande en el vecino país y llevó a que los reclamos y pedidos de solución se incrementen en los últimos días. El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, dijo que se debe ratificar la hermandad y el compromiso bilateral en la atención de salud a los habitantes de uno y otro país. "Entonces el Gobierno boliviano tiene que dejar de lado el tema ideológico-político y pensar en las necesidades de la población boliviana. Sabemos que no solo tarijeños, sino también de los departamentos del sur del país acuden a los hospitales del norte argentino por una prestación médica", declaró Gira en el medio boliviano El Deber.
A esta posición se sumó el asambleísta boliviano del MAS Wálter Aguilera, al decir que el gobernador de Tarija debe dar el paso inicial en las conversaciones para que después se incorpore el gobierno central. Por su parte, la concejal Rosa Mariscal consideró que es una responsabilidad del gobierno central tratar este tema con su homólogo de Argentina y "lograr un beneficio para ambos países".
La cuestión se mantiene por el momento sin intervención diplomática, pero es posible que en los próximos días esto cambie. El Gobierno provincial insiste en que es una medida vinculada con la crisis económica y que está garantizada la atención de las emergencias humanitarias.
Mientras tanto, en Bolivia invocan los "convenios de reciprocidad" que se firmaron en 2019 con nuestro país, aunque desde esa fecha a la actualidad existen dramáticos casos de argentinos que murieron en las puertas de hospitales bolivianos sin una mirada recíproca ni mucho menos humanitaria.