El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, está alojado en la Alcaldía General luego de haber sido detenido en su domicilio, ayer, pasadas las dos de la tarde. Es que la Sala II del Tribunal de Impugnación confirmó la condena de julio del año pasado por incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado en cuatro hechos y enriquecimiento ilícito calculado en unos 80 millones de pesos, que actualizados ronda los mil millones.

Ahora, Cornejo deberá cumplir seis años tras las rejas, y además quedó inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida. Cornejo fue intendente de Campo Quijano durante tres períodos, por el Partido Renovador de Salta. Tras su última gestión perdió luego las elecciones a manos de Carlos Folloni y se quedó si poder ni la Intendencia. Los hechos de corrupción que se cometieron durante su gestión tomaron estado público a partir de la denuncia formulada por el mismo Folloni, el 28 de enero de 2020.

Precisamente esas denuncias derivaron en el juicio llevado a cabo en julio del año pasado. Cornejo fue condenado junto a su exsecretaria de Finanzas, Carmen Rosa Méndez, quien cumple una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. La causa n° JUI 1650 05/21 seguirá con apelaciones según las declaraciones del propio Cornejo a El Tribuno a la salida de la Brigada de Investigaciones S-82 de Campo Quijano. "Me pongo a disposición de la Justicia, acato lo que se dispuso", señaló el polémico ex intendente al subir al móvil policial, al tiempo que agregó ante la requisitoria periodística "vamos a apelar a la Corte de Justicia".

Cornejo pidió sus medicamentos (tiene problemas de presión arterial) los cuales fueron llevados al momento de su detención en Campo Quijano y luego fue trasladado en un móvil policial a la Alcaidía General, donde quedó alojado esperando un posible traslado directo al Penal de Villa Las Rosas.

Los $80 millones

El perjuicio a las cuentas municipales producido por el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de su gestión, Carmen Méndez, se ubica en el orden de los 80 millones de pesos, de acuerdo a un informe pericial que fue rubricado por la investigadora del Gabinete Económico del CIF y una perito designada por la Corte de Justicia de Salta al momento de las audiencias en el juicio realizado en julio del año pasado.

No obstante, la cifra actualizada a valores reales equivaldría aproximadamente a mil millones de pesos, de acuerdo a lo que se estimó dentro del proceso judicial. La causa se inició el 28 de enero de 2020, con la denuncia del exintendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni.

Cornejo se suma a una larga lista de exjefes comunales del interior de Salta condenados por causas de corrupción.

El exjefe comunal expuso en el juicio que al inicio de su gestión evidenció un incumplimiento injustificado e intencional de la normativa vigente. Agregó que advirtió desorden y ausencia de documentación en el ejido municipal relacionada con la actividad contable. Esto le hizo sospechar de una actividad ilícita. Agregó el denunciante que a partir de la investigación se pudieron verificar las irregularidades del exintendente Cornejo.

El juicio

En su sentencia, el Tribunal absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó en el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, ordenó que los elementos secuestrados sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano.

A lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Durante su alegato, la Fiscalía había solicitado seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Un insólito planteo

El Tribunal de Impugnación rechazó de plano el planteo que hizo la actual defensa de Manuel Cornejo, que había propugnado "la nulidad absoluta de todo lo actuado desde la indebida publicación, por la Secretaría de Prensa del Poder Judicial de Salta, del contenido del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la Fiscalía y la anterior defensa, lo que conlleva a la nulidad del juicio y de la sentencia, pidiendo que se sobresea a su defendido atento a la gravísima violación de sus derechos y garantías por impedirse toda forma de juicio justo a su respecto".

Planteaban que "ese acto procesal lesiona la regla constitucional de toda persona sometida a proceso como límite del poder punitivo del Estado y lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador".