El pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, le mete más presión a los aumentos de tarifas residenciales.

Es que los recientes incrementos en las facturas de los usuarios solamente convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas.

Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía dictada a fines de marzo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

Así, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, quedarían en riesgo los contratos económicos del sector.

Si bien no está en peligro el abastecimiento "físico" (es decir, habrá suficiente cantidad de gas para todos), la duda es quién afrontará ese gasto adicional.

30 cargamentos de gas

Este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US$ 9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto.

Pero a diferencia de los años anteriores, cuando Enarsa se hacía cargo de casi todo ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$ 12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación -convertir el gas en estado líquido de 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo en los gasoductos de alta presión-.

Las nuevas autoridades de Enarsa lo intentaron dos veces y el resultado fue igual: ambas licitaciones quedaron desiertas.

Ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas, porque no tienen la seguridad de que el Gobierno le va a autorizar el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son los hogares, comercios y pequeñas industrias.