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El Ministerio de Seguridad recabó las denuncias de los titulares de planes sociales y las elevó a la Justicia.
15 DE Mayo 2024 - 01:42
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de agrupaciones.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hachas por personas que se identificaron.
Las mismas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
"En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados", que son 28 personas, se informó en un comunicado de la cartera que dirige.
A partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, la Justicia federal realizó una decena de allanamientos a comedores del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie.
La cartera sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los amenazaron con "darles de baja" el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron "vendidos".
En la lista de apuntados por la Justicia aparecen integrantes de grupos de izquierda como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria, aunque además se conocieron audios que involucran a dirigentes del MTE y la CCC, corrientes piqueteras aliadas al kirchnerismo y que ocuparon puestos claves en el último gobierno.
Uno de ellos es Jeremías Cantero, referente del Polo Obrero, quien entre el 1° de marzo de 2020 y el 1° de abril de 2024, cumplió funciones de apoyo administrativo en la Secretaría de Economía del Ministerio de Desarrollo Social.
Él era quien estaba en el área encargado de suscribir los convenios con las respectivas Unidades de Gestión por los subsidios y/o créditos que les eran otorgados a aquellas por el Estado Nacional.