Tras la renuncia del jefe de la Policía de Salta, Miguel Ceballos, se conocieron más cambios en las cúpulas de las fuerzas de seguridad, más precisamente en el Servicio Penitenciario de la Provincia. Ya no seguirá Carina del Valle Torres como directora general, ni Víctor Martínez como subdirector. En el caso de Torres, se trataba de la primera mujer que había asumido en el máximo cargo jerárquico institucional, en abril de 2022. Tiene el grado de prefecta mayor con 24 años de carrera profesional. El exministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo fue quien la había puesto en funciones.

El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Ramón Domínguez, se refirió ayer al desempeño de la directora. "Su capacidad y compromiso dejarán un valioso legado en la Institución", aseveró.

Por su parte, Carina Torres, agradeció al Gobierno de la Provincia por la confianza que depositó en su persona al designarla como primera mujer en alcanzar la máxima jerarquía institucional y destacó el apoyo y el acompañamiento del ministro. Aún no se conocen los nombres de las nuevas autoridades. Dentro de los penales, los trabajadores ya hablaban que se había cumplido un ciclo de las autoridades.

Panorama

El sistema carcelario de la provincia está en emergencia desde julio de 2022. Y en los últimos informes que se conocieron, se habla de una sobrepoblación de más del 30 por ciento. Las situaciones más críticas están en la Alcaidía de la Capital y en el penal de Villa Las Rosas. Por lo que es un gran desafío para quien asuma..

En los últimos meses, el Servicio Penitenciario de Salta se vio envuelto en un escándalo por denuncias de corrupción. Funcionarios, internos y familiares están acusados de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas donde cada uno desempeñaba un papel especifico.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas a la cárcel.

El mes pasado, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, requirieron juicio para 20 personas imputadas, entre funcionarios, reclusos y familiares, de las cuales 12 se encuentran con prisión preventiva. Durante la investigación se analizaron más de 50 cuentas bancarias, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.