La virulenta denuncia del Ministerio de Capital Humano dejó groggy y al borde del procesamiento a los principales dirigentes piqueteros; de paso, pareció dar por terminado el largo capítulo de los cortes de calles y presiones sobre los transeúntes. Pero celebración duró poco.

La Justicia Federal allanó el viernes el depósito de Tafí Viejo y ayer el de Villa Martelli con el objetivo de evaluar la cantidad y el estado de los alimentos estacionados en esos lugares, que no habían sido distribuidos entre los comedores comunitarios a los que están destinados: para colmo, de los cuales los funcionarios del área social no tenían noticias más o menos precisas.

Claramente, estas denuncias y contradenuncias no se neutralizan mutuamente. Ambas causas avanzan. Pero hay un dato a tener en cuenta: el gobierno denunció que la mitad de los comedores comunitarios no existen, y nadie salió a desmentirlo, con pruebas. Como contrapartida, el ministerio tampoco desarrolló un relevamiento prolijo y completo de las necesidades alimentarias de los barrios donde eventualmente deberían funcionar los comedores a los que se remitió mercadería y que nadie pudo localizar. Es decir, se detectó la presunta estafa pero no se investigó si hacía o no falta ese alimento en el barrio.

Estos han sido días ajetreados para el gobierno de Javier Milei, quien se encuentra de viaje, con escala en Silicon Valley y El Salvador de Nayib Bukele.

Es que casi en simultáneo con el comienzo del conflicto en Capital Humano, el desplazamiento del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse puso al descubierto en enfrentamiento de este con la ministra, que incluyó casos de espionaje -reales o supuestos – y el despido del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori.

De inmediato una denuncia del activista de los desocupados Juan Grabois ante el juez Sebastián Casanello funcionó como un búmeran. Investigado como está por el manejo de millones de dólares destinados a los sectores más castigados por la crisis, Grabois demostró estar mejor informado que la ministra cuando señaló la existencia de una enorme cantidad de alimentos vencidos o a punto de vencerse en depósitos del Ministerio de Capital Humano. Cuando Casanello ordenó que se distribuyeran esos alimentos, Pettovello respondió que se trataba de alimentos destinados a emergencias y su asesora letrada Leila Gianni sostuvo que no era competencia del juez tomar esa decisión.

Pero, al mismo tiempo, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, fue despedido del cargo y denunciado por presuntos desmanejos. El ex funcionario, ayer, añadió leña al fuego al reivindicar a la ministra (que lo desplazó y denunció) cuando aseguró, en clara referencia a la abogada Leila Gianni, que en el gobierno hay "infiltrados del kirchnerismo".

En el depósito del Ministerio de Capital Humano, en Villa Martelli, allanado ayer por orden del juez Sebastián Casanello, habría 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, según informó el gobierno, al mismo tiempo que la ministra, indignada, desplazaba a De la Torre. La orden del juez fue en respuesta a la denuncia de Grabois.

Según el informe oficial ante la Justicia, en kilogramos, el 49,5% de los alimentos que están en Villa Martelli y de Tafí Viejo, Tucumán, es yerba, el resto es aceite (22,33%) y leche en polvo (15,54%). Pettovello fue denunciada por Grabois por retener sin distribuir estos alimentos.

¿Juego de espías?

Tanto Nicolás Posse, ex funcionario de peso en el Grupo Eurnekian, como Silvestre Sívori abogado especialista en Derecho Administrativo son aficionados al espionaje, aunque la Inteligencia de Estado es una cuestión delicada y de alta exigencia profesional.

Sandra Pettovello se quedó helada, según una versión, cuando Posse le dijo, hace un par de meses: "Pasala bien en Punta". Solo la familia sabía de ese viaje. Una amenaza velada de un jefe de ministros a la ministra que goza de la mayor confianza personal del presidente.

Resultado, Posse y su director de la AFI tuvieron que dejar sus cargos en el Gobierno.