La desaparición de Loan Danilo Peña conmueve desde hace un mes al país y, seguramente, cambiará para siempre la vida en el pueblo correntino de 9 de Julio.

Según la ONG Missing Children, hay en nuestro país 113 niños desaparecidos. A su vez, el Registro Nacional de Menores Extraviados informó que continúan activas 1.777 búsquedas de niños, niñas y adolescentes. Es probable que muchos de ellos hayan sido recuperados por sus familias, pero estas no lo informaron.

La desaparición de un niño debería ser una cuestión de Estado. Se trata de una tragedia, y las hipótesis de que Loan o cualquier otro chico hayan sido víctimas de un delito son varias. Los menores son el objetivo de bandas criminales de alcance internacional dedicadas a la trata de personas, que los entregan a traficantes de pornografía infantil, a redes de prostitución o los venden para una adopción ilegal. En otros casos, pueden ser víctimas de violadores o asesinos seriales. La posibilidad de un extravío es más remota porque, por lo general, se dilucida rápidamente.

La causa debió haber llegado mucho antes al fuero federal.

En el caso de Loan, los fiscales sostuvieron demasiado tiempo la hipótesis del extravío, probablemente por desinformación acerca de la naturaleza del terreno rural en el que se desarrolló la búsqueda, a cargo de varias unidades policiales con centenares de efectivos, el apoyo de equipos de canes y disponiendo de abundantes recursos tecnológicos.

Hoy hay siete detenidos, el comisario del pueblo y seis participantes del extraño almuerzo tras el cual desapareció el niño. Las contradicciones entre los comensales, que en un primer momento podrían parecer confundir a los investigadores, simplemente generaron demoras, confusiones y distracciones. Tardíamente, quedó en evidencia el entramado de encubrimientos que demoró las detenciones, permitió la destrucción pruebas e, incluso, esterilizó gran parte de las pruebas que podrían obtener los peritos en los teléfonos celulares de los imputados.

Hoy existe la certeza de que el niño fue víctima de un delito, pero que gran parte de su familia y allegados, ahora imputados, encubren por razones indescifrables.

La falsa denuncia por amenazas de la tía Laudelina, ante un fiscal provincial, cuando la causa es federal, y no en la ciudad de Goya sino en Corrientes, fue una maniobra tan torpe como sospechosa, que profundiza las convicciones de los magistrados e investigadores. La tía no sólo describió un accidente fatal causado por uno de los matrimonios detenidos, sino que lo hizo acompañada por un abogado cercano al gobierno provincial, e involucró al gobernador Gustavo Valdés, que se apuró en adelantar que el caso estaba esclarecido.

Sea cual sea el desenlace, en un mes la investigación no obtuvo una sola prueba, hilvanó innumerables hipótesis y entre tantas idas y vueltas volvió a quedar en evidencia la turbiedad de los vínculos entre el poder y el crimen organizado.

Los casos del comisario Walter Maciel y de la funcionaria municipal Victoria Caillava son significativos. En particular, la conducta del policía revela una clara intención de evitar el esclarecimiento del caso, cuando no la misma recuperación del niño, de quien no se sabe absolutamente nada.

Todo este drama vuelve a evidenciar la tarea que tiene por delante el Estado. En primer lugar, profundizar todo el sistema de prevención del crimen a lo largo del territorio. Por una parte, fortalecer las fronteras con estrategias y equipamiento adecuado. Al mismo tiempo, optimizar el control interno en las áreas urbanas y rurales. Y, como queda cada vez más en evidencia, depurar las fuerzas de seguridad y el conjunto de las instituciones judiciales y políticas, que en todo el mundo son permeables a la presión, el soborno y la cooptación por parte del crimen organizado.