"Tengo un hijo de cinco años. Me divorcié de su padre por violencia familiar. Yo trabajo como manicurista pero la realidad es que hoy en día prácticamente nada alcanza para la comida y los gastos del jardín. Con ayuda de mi familia pude pagar una abogada para los trámites de la cuota alimentaria y a mi hijo le otorgaron el 30 por ciento del sueldo de su padre en concepto de alimentos. Ojalá todas las madres que pasan por esta situación puedan lograr la cuota", contó Alejandra S, de 30 años.

Testimonios como este, o similares, se conocen día a día. Un total de 1.291 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Salta. En 2022 se habían incorporado 166 nuevos inscriptos. En el 2023, curiosamente ese número había bajado a 100 pero ahora se disparó: en lo que va del 2024, ya hay 103 nuevos inscriptos. La cifra es preocupante: tan solo en un semestre se superó la cantidad total de incorporados el año pasado.

El registro está reglamentado por la Ley 7411 que dispone que se constituyen en deudores todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, de alimentos fijados por sentencia firme. El pedido de inclusión del deudor en el registro lo debe tramitar la parte interesada ante el juez que ordena tanto las altas como bajas.

Al ser consultada sobre qué factores influyen para en este incremento, y si la crisis económica puede ser uno de ellos, la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, explicó: "Nosotros, como Registro no recabamos, ni tenemos un dato de los fundamentos o circunstancias que han generado, por un lado, el incumplimiento de la cuota y que se llegue al punto de que el obligado al pago deba ser inscripto".

Sin embargo, añadió que "según los datos que por ahí se manejan del Indec, sobre cuánto es, de acuerdo a la canasta básica hoy, el gasto que implica la subsistencia de un niño o de un adolescente en promedio, vemos que se está superando lo que sería el salario mínimo vital y móvil".

"Tengamos en cuenta que estos parámetros seguramente son considerados por el juez para fijar la cuota alimentaria, sumado al hecho que hay ingresos que no son registrados", sostuvo.

Es que en la mayoría de las fichas sobre las personas obligadas a cumplir con la cuota que se reciben en el Registro, figura el dato de ocupación desconocida o que carece o es desocupado.

"Entonces, tenés ingresos que no están registrados y eso también dificulta hasta la estimación de una cuota alimentaria que es para cubrir las necesidades materiales, económicas, educativas y también recreativas del niño o adolescente", precisó Ferri.

Y agregó: "quizás la situación fáctica y económica es un mayor riesgo de incumplimiento, porque evidentemente hay una pérdida del poder adquisitivo y también se generan dificultades para el cumplimiento en tiempo y forma de las cuotas alimentarias y además se complica porque a veces el monto que se puede establecer seguramente no va alcanzando si nos van superando los índices de inflación o los costos de vida".

Ferri expresó que si bien todo está atravesado por lo económico y sus efectos, es fundamental buscar las herramientas que permitan que los problemas puedan solucionarse antes de judicializarlos. "Lo importante es que la infancia y la adolescencia no estén judicializadas por los problemas de los adultos o por la falta de cumplimiento de las obligaciones de los progenitores, sea quien fuera: mamá o papá. Buscamos tratar de concientizar sobre este aspecto", hizo hincapié.

Un registro nacional

Existen varios proyectos para elaborar un registro nacional único de deudores de alimentarios que sea una herramienta disuasiva mayor, como así también que sirva para facilitar los trámites.

"Lo ideal es que el obligado no sólo lo sea acá en la provincia, sino que también se pueda restringir su actuar a nivel nacional. Esto se lograría con un único registro. Lo que sí hacemos entre registros jurisdiccionales es comunicarnos información, pero en el caso de Salta, los datos de otras provincias no pueden ser incorporados a nuestro registro, porque nuestra ley provincial establece que se incorporan solamente aquellos deudores que son declarados como tales por los jueces provinciales o de otra provincia que así nos ordenen inscribirlo. De hecho, tenemos inscripciones de Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires", finalizó Ferri.