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11 DE Agosto 2024 - 02:30
El escabroso relato de los hechos de violencia descriptos por la exprimera dama Fabiola Yañez en su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández, que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, pintan con elocuencia infinita la degradación ética e institucional de la autoridad en nuestro país.
Todo se descubrió cuando el juez Julián Ercolini ordenó revisar el teléfono de la secretaria de Fernández, María Cantero, en la investigación de presuntos negociados del expresidente en el cobro de comisión por contratos de seguros, cuyo operador sería Héctor Martínez Sosa, pareja de Cantero.
Ninguno de esos episodios de violencia de género revelados en ese celular pudo haber ocurrido en la residencia presidencial sin que el servicio de seguridad tomara conocimiento, así como es muy difícil creer que nada sabían de semejante barbarie las entonces ministras de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni los miembros del entorno más cercano al presidente.
De hecho, la secretaria en cuyo teléfono fueron detectados los mensajes de Yañez y las fotos que testimonian las lesiones debió haber realizado la denuncia mientras esto sucedía. Por más que la violencia de género se trate de un delito de acción privada, en este caso estaba ocurriendo en un espacio público donde, además, según el relato conocido en estos días, Fabiola Yañez se encontraba virtualmente recluida por la fuerza. Y, al parecer, embarazada, por lo que corría peligro la vida del niño.
La conducta de Fernández debe ser juzgada y sancionada por el Poder Judicial. Tanto en el caso de los seguros como en el de los golpes contra su mujer.
El ensañamiento interesado contra su figura es una forma de concentrar la atención en alguien ya totalmente debilitado y desprestigiado por su gestión presidencial.
Para el oficialismo, este episodio consolida su hipótesis de campaña y muestra a la mayor fuerza opositora como sinónimo de corrupción. Además, exhibe la inconsistencia ideológica del relato, una versión distorsionada del feminismo y de la perspectiva de género, que los kirchneristas utilizaron como pancarta progresista. A estas horas, asombra el nivel de impostura de aquella frase de Alberto Fernández: "Quiero ser el presidente que termine con el patriarcado".
Sin embargo, la defensa de los derechos de la mujer, el carácter doblemente criminal del femicidio y la violencia machista, y la aceptación de las personas identificadas como minorías sexuales son avances importantes que han adquirido rango jurídico internacional.
Pero la violencia de género sigue castigando sin piedad a la sociedad argentina. A pesar de la evolución del último siglo, el atavismo que ubica a la mujer en el lugar de propiedad del varón, al que le debe sumisión sigue muy firme en el inconsciente colectivo.
Mientras que los exministros y funcionarios de la presidencia de Fernández tratan de tomar distancia de estos hechos, para el gobierno de Javier Milei el escándalo en el seno de la oposición representa un respiro, que le da margen en la difícil tarea de resolver dificultades, propias de una crisis heredada, que se van planteando día a día en la economía, que la gestión actual ya denunció y que, necesariamente, deberá resolver.
El país no se puede detener, absorto en un escándalo que exhibe la decadencia personal de un expresidente, sin asumir que el cambio de rumbo que el país necesita requiere de gobernantes y legisladores que comprendan la densidad del desafío que le toca, que es nada menos, que el de la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones, la seguridad interna para todos y la confiabilidad para generar inversión, actividad económica, modernización y empleo.