El teléfono celular del expresidente Alberto Fernández se convirtió ayer en una pieza clave por partida doble: para la causa por violencia de género que le inició su exmujer Fabiola Yañez, y para la causa de corrupción por los seguros.

Ayer, el juez federal Julián Ercolini ordenó conocer las llamadas entrantes y salientes que se realizaron el expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yañez, quien lo denunció por violencia de género.

Se trata de parte de las medidas de prueba que el fiscal federal Ramiro González le había solicitado al juez el pasado miércoles cuando imputó formalmente a Fernández por los delitos de lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo y por amenazas coactivas.

El período de las llamadas va desde 2016, cuando Yañez relató que fue obligada por Fernández a hacerse un aborto, hasta fines de 2023, año en el que según denunció la exprimera dama siguió el hostigamiento. También fue el final del mandato presidencial de Fernández.

El fiscal quería conocer todas las llamadas que habían recibido Yañez y Fernández pero la querella de Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, pidió que se limiten a las comunicaciones entre ellos dos.

En tanto, el juez rechazó "una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos", tal como había pedido la Fiscalía. El magistrado entendió que ese medida no es conducente para la investigación.

Citaciones

La Fiscalía a cargo de la causa por violencia de género citó ayer para el jueves 22 de agosto, a la periodista Alicia Barrios y María Cantero, la secretaria del exmandatario, para que declaren en la causa por violencia de género.

El fiscal Ramiro González también libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola Yañez, a prestar declaración testimonial en el Consulado argentino en Madrid, donde la mujer reside con su hija.

Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, fue convocado para el 26 de agosto a las 10.

Peritaje concomitante

En paralelo a la causa por violencia de género, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el celular de Fernández también sea peritado en el caso de los seguros. Ese teléfono no había sido secuestrado en el marco de la causa en la que el exmandatario está acusado de malversación de fondos y defraudación al Estado, cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, fueron allanados.

En el escrito que Rívolo le elevó al magistrado, solicitó que si se constata "la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa (de los seguros) en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones".

Derogarán el decreto que beneficiaba a los brokers

El Gobierno derogará el DNU 823/21 que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros. Esa norma es la que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el expresidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente.

Además, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzennegger, incluyó otras anulaciones de decretos como el N°1187 que firmó en julio de 2012 Cristina Kirchner que obliga a que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.

También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos combustible de la petrolera YPF.

El otro Decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Javier Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales le compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.