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18 DE Agosto 2024 - 02:15
El escándalo protagonizado por Alberto Fernández tras la denuncia de su expareja, Fabiola Yáñez, tiene por escenarios la residencia presidencial de Olivos y el despacho presidencial en la Casa Rosada. Pero no se trata tan solo de un episodio truculento ocurrido en el seno del poder, sino el indicio claro de la degradación generalizada de la política y de la pérdida de respeto por la función pública.
La casa de Olivos está destinada desde su creación como espacio privado del primer mandatario y, además, como el lugar previsto para ofrecer recepciones excepcionales a personalidades del ámbito nacional e internacional. Es, en definitiva, el rostro que el país quiere mostrar a esos visitantes.
Por ese motivo, causó tan fuerte impacto la utilización de esa casa para una fiesta de cumpleaños de la ex primera dama en julio de 2020 durante la severa cuarentena que Fernández había impuesto todas las familias del país, incluida la prohibición de reuniones familiares de todo tipo, encuentros sociales por cualquier motivo y hasta velatorios.
Cuando, un año más tarde, se divulgaron las imágenes de esa reunión, el entonces presidente intentó desligarse de la responsabilidad, que era exclusivamente suya, atribuyéndola a un error de su mujer. Ahora, en una investigación por presunta corrupción, se conocieron los episodios graves de violencia doméstica que Fabiola Yáñez convirtió poco después en una denuncia judicial. De aplicarse en este el criterio dominante en los casos de violencia de género, el expediente terminará en una condena sin precedentes para un expresidente.
Todo lo que va saliendo a la luz en estos días demuestra que la vida íntima Fernández y su familia constituiría un caso típico de violencia de género, practicada por el primer mandatario que se presentaba como un adalid de los derechos de la mujer. Este desdoblamiento de la conducta estalló en un expediente judicial cuando parecía inminente la publicación de un documental en el que Fabiola Yáñez iba a narrar todo lo que dice haber padecido en Olivos.
El escándalo, sórdido, arroja sospechas sobre todo el entorno político del entonces mandatario, que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en el lugar más celosamente vigilado del país. La denuncia incluye a la ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, a quien Fabiola Yáñez le habría relatado la violencia a la que era sometida por el presidente e, incluso, le habría mostrado las fotos de su cuerpo golpeado.
De este modo, se derrumba el quizá más vigoroso pilar ideológico de Unión por la Patria: la perspectiva de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
El país vive así el epílogo del gobierno que compartieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El bochorno y las complicidades no se eluden tomando distancia del exmandatario.
No solamente la fragilidad de las convicciones ideológicas de un sector queda a la vista. Es la muestra del fracaso de un ciclo nacional de 20 años, hegemonizado por un movimiento no puede presentar un candidato presidencial idóneo y responsable. Detrás de ese episodio debe reconocerse el deterioro político de todo un país que no logra construir consensos superadores y, por eso, ve cómo se descomponen la estabilidad social, la calidad de vida, la educación y el derecho al trabajo.
Todos los argentinos necesitamos recuperar un proyecto básico compartido, reemplazar la destrucción mutua por el diálogo y contar con funcionarios formados profesionalmente, que exhiban ética pública, imprescindible para la construir credibilidad institucional.
El bochorno de estos días expresa la profundidad de una degradación pública que necesariamente debemos superar entre todos. El camino para transitar es el de la cultura cívica, el espíritu plural y tolerante, y la responsabilidad de funcionarios, legisladores, sindicalistas y dirigentes de todos los sectores.