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La Comisión de DDHH del Consejo Superior publicó un pronunciamiento para que el cuerpo lo avale y la convierta en Resolución.
21 DE Agosto 2024 - 12:07
La Comisión de Derechos Humanos del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta emitió un duro pronunciamiento en contra de los diputados nacionales, del espacio oficialista, que visitaron a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico militar.
Las sesión se realizó el martes último. Se trata de una declaración para que sea pública y para presentar ante el Consejo Superior para que la avale y se convierta en Resolución.
Dicha Comisión está integrada por representantes docentes, auxiliares, graduados, estudiantes y gremiales. Se reactivó cuando el docente ingeniero, Marcelo Nahuel Morandini, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales fue privado de su libertad el 4 de enero de 2024, en la provincia de Jujuy.
"La Comisión vuelve a reunirse, en enero de este año, por Morandini para dar un declaración repudiando su detención irregular por parte de la Policía de Jujuy. Luego también emitimos un pronunciamiento, convocando y adhiriendo, a la marcha federal del 23 de abril por la educación pública y la defensa de la Universidad Pública", dijo la profesora Mercedes Vázquez, integrante del cuerpo.
"Ahora repudiamos enérgicamante la visita de los diputados a los genocidas condenados de la dictadura militar. Hacemos público el pronunciamiento, de cara a una nueva sesión de la Cámara de Diputados, y también para que se apruebe en la sesión del Consejo Superior de la UNSa, prevista para el 29 de agosto", declaró Vázquez.
El textual del pronunciamiento es el siguiente:
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, ANTE LA VISITA CARCELARIA DE DIPUTADOS NACIONALES DE LLA A GENOCIDAS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta manifiesta su más enérgico repudio a la visita de la comitiva de Diputados Nacionales de La Libertad Avanza a los genocidas de la dictadura cívico-militar de 1976, condenados y encarcelados por delitos de lesa humanidad.
La motivación de esa visita quedo expresada en uno de los mentores del hecho, el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit quien, con conceptos idénticos a los empleados por la dictadura para justificar delitos atroces como asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas a hombres y mujeres, muchas de ellas embarazadas, robo y apropiación de bebés y de bienes materiales, etc., realizó una verdadera apología del delito refiriéndose a los asesinos como …“excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”… (Diario Página 12, 18/07/2024).
Mas preocupante aún resultan las manifestaciones del presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, naturalizando el hecho como si se tratara de una visita individual y no de una comitiva de legisladores trasladada en un vehículo oficial.
Esta preocupante afrenta a la democracia se suma a diversos tipos de manifestaciones reivindicatorias del genocidio más brutal de nuestra historia reciente, realizadas por diversos funcionarios entre los que se destaca la misma vicepresidenta de la Nación.
La fotografía de legisladores nacionales con genocidas, constituye un alarmante llamado de alerta, sobre un siniestro plan que intenta excarcelar a los genocidas, dejando impunes los crímenes aberrantes cometidos y que aún siguen cometiendo al no declarar donde están los cuerpos de los desaparecidos y donde están los niños y las niñas, ahora adultos, nacidos en cautiverio o raptados durante la dictadura cívico militar de 1976.
En este marco de ataque a los Derechos Humanos, el pasado 14 de agosto el presidente Milei cerró por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Un organismo clave que aportó información sobre el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial sobre este tema.
Ante este intento de naturalizar la apología de delitos atentatorios contra la democracia, instamos a todas las instituciones civiles y democráticas a rechazar estos hechos, pronunciarse públicamente y exigir que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar a los responsables de las violaciones a las normativas vigentes, tanto del régimen carcelario federal como del cuerpo legislativo nacional.
No callamos y no otorgamos
NUNCA MAS