La Presidencia de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más complejos en casi nueve meses de gestión. El Senado convirtió en ley el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y establece una actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor. El presidente ratificó que vetará la ley porque, dijo, el costo de ese aumento sería inmanejable para el Estado, insistió en que el "déficit cero" es inamovible en su plan y calificó a los legisladores de "degenerados fiscales".

El día anterior, los diputados habían rechazado el DNU que asignó fondos reservados a la Agencia Federal de Inteligencia por un valor de $100 mil millones.

Además, por un error de cálculo político, la comisión bicameral a cargo del control de la AFI quedó en manos del radical Martín Lousteau, a quien secundan los ultrakirchneristas Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli.

El Presidente deberá asumir, y tomárselo muy en serio, que sin acuerdos en el Congreso no va a poder gobernar. No tiene un número significativo de legisladores propios, el pequeño bloque de diputados está a punto de concretar una escandalosa fractura y los legisladores del PRO y la UCR, proclives a cooperar con el proyecto, sufren destrato hasta el límite de lo tolerable.

La delegación de la decisión política en la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Santiago Caputo no facilita el entendimiento con el Congreso. Al mismo tiempo, las evidentes desinteligencias con la vicepresidenta acumulan sombras sobre la gobernabilidad democrática.

El sentido común indica que cuando la política se reduce a mera guerra por el poder y en las instituciones del Estado se abre una grieta insalvable entre antagonistas incapaces de establecer acuerdos, quedan de lado las necesidades de la gente, que constituyen en genuino interés de una sociedad.

Hoy, construir un camino de armonía parece una quimera, porque nadie está dispuesto a una tregua. La confrontación parece formar parte de la estrategia de todos los protagonistas.

Este cuadro de situación es desesperanzador: la política debería asumir, de una vez por todas, la realidad crítica del mundo en que vivimos, que en nuestro país se traduce en una crisis social polifacética: la degradación del empleo y del salario, la pobreza y la indigencia, la incapacidad de construir un régimen previsional seguro y estable, acorde a las limitaciones que impone esta época.

Nuestro país arrastra numerosos conflictos que trazan un escenario de decadencia, pero esto no es irreversible. Tampoco será fácil resolverlo.

Hoy está a la vista el déficit que supone la desaparición de hecho de los partidos políticos. Sin partidos no hay diálogo político sustentable.

La acefalía de lo que queda de un peronismo desperdigado se suma a los enfrentamientos internos, por momentos escandalosos, en la coalición oficialista.

No basta con las narrativas de epopeya, a las que nos tiene acostumbrado el populismo, pero tampoco con dogmas económicos abstractos en los que la persona humana es una variable más. La economía es solo un instrumento de la política, pero que debe ser manejado responsablemente, en un fino e inteligente equilibrio entre las necesidades de la sociedad y las leyes de la producción, el financiamiento y el comercio.

Está ampliamente demostrado que la emisión monetaria es la forma de financiamiento más perversa, porque crea una apariencia de generación de recursos y, en cambio, destruye el salario, la economía doméstica, y finalmente todo el sistema productivo. También es evidente que "la mano invisible del mercado" es un mito, basado en ecuaciones abstractas pero sin fundamento científico.

Entonces, para el país y para el gobierno es imprescindible que funcionarios y legisladores se quiten las anteojeras, depongan intereses y comiencen a construir una democracia económicamente sustentable.