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En una entrevista exclusiva con El Tribuno el exmagistrado habló sobre una denuncia que involucran a menores que supuestamente eran llevadas a mineros coreanos en General Güemes y sobre el alcance de la trata de personas en Salta.
29 DE Agosto 2024 - 15:40
El exjuez federal Miguel Medina habló con El Tribuno sobre una denuncia que involucran a menores que supuestamente eran llevadas a mineros coreanos en General Güemes y sobre el alcance de la trata de personas en Salta, que es una realidad hace años según destacó. Además dijo que la narcocriminalidad avanza por los pasos fronterizos no controlados y remarcó la ausencia del Estado y carencia de recursos para afrontar ese tipo de delito.
¿Qué piensa sobre una denuncia sobre mineros coreanos que recibían a menores en General Güemes?
La primera reflexión que quiero hacer es una respuesta a algo que escuché en el canal Crónica, con motivo del episodio del diputado de Misiones que en ese momento todavía estaba prófugo, acusado de pedofilia, entre otros delitos. En donde uno de los conductores lanzó una apreciación temeraria a partir de este caso nuestro, cuando dijo que Salta y Misiones eran las provincias que más casos de pedofilia tenían en el país. Me opongo a ese tipo de generalizaciones, porque no tiene fundamentos, ya que hace años que la Argentina no tiene estadísticas oficiales sobre delitos, me refiero a estadísticas que confeccionan órganos gubernamentales que establezcan exactamente jurisdicción por jurisdicción cada delito que se comete, de los más graves a los más leves y eso es central para cualquier política pública que se quiera hacer, no sólo para enfrentar el delito sino también para prevenirlo.
¿La trata de personas es una realidad en Salta?
El delito de trata de personas sigue siendo una realidad en Salta ya desde hace años, pero está relativamente controlado a nivel por lo menos de manifestaciones más notorias, que son la trata con fines de explotación laboral, que en mi opinión es la más frecuente acá y después la otra trata que es con fines de explotación sexual. Especialmente en este último caso en donde la mayoría de los registros hablan de personas mayores de edad y no niños, debiera de alguna manera dar algo de tranquilidad.
En general no se debe bajar la guardia, porque detrás de todas esas conductas hay un grupo generalmente bastante organizado que sabe muy bien lo que quiere y trabaja sobre todas las debilidades que tienen sociedades tan fragmentadas y con tantas carencias como la que tenemos acá en Salta y en casi todas las provincias del Norte Argentino.
¿Quiénes son las más vulnerables ante este tipo de delitos?
Son los más chicos, si bien hay papá y mamá por ahí están en otra cosa tratando de subsistir y los menores están en una situación no de abandono pero de "no atención" permanente.
¿Salta es una provincia de paso o de captación en cuanto a este delito de trata?
En casos de explotación laboral cualquier persona que se dedique a alguna actividad especialmente la agrícola es potencialmente una de las posibles víctimas de esto. En general son personas jóvenes o mayores de edad no chicos. El tema chicos aparece en la explotación laboral cuando integran verdaderos grupos familiares, que trabajan en actividades puntuales del año que son las cosechas.
¿Qué piensa de que actores de la justicia aparezcan involucrados en la narcocriminalidad?
Me parece gravísimo porque la justicia y la policía son órganos que el Estado ha creado para enfrentar la delincuencia en todas sus formas. Estamos hablando de la justicia penal exclusivamente y lo tenemos que hacer con énfasis, porque mucho tiene que ver la percepción de la imagen pública de la justicia, todo lo que ha "decaído" por cómo funciona la justicia penal. Es muy difícil que uno trabaje en una encuesta, en un muestreo grande, 500 casos para arriba, a nivel provincia o país y trabaje sobre otras justicias que son tan importantes como la penal, pero están en un segundo plano porque tiene una especie de "glamour", algo que vende más a nivel no sólo de medios sino de audiencias.
Entonces cuando son jueces que tienen competencia penal, cuando son fiscales que tienen competencia penal, cuando son policías que obviamente tienen competencia de auxiliares de la justicia y fallan a ese nivel, el Estado es el principal damnificado porque tiene mucho que ver en la construcción de la "imagen" de todas esas instituciones. Es una gran tarea la de la prevención del delito del narcotráfico que tiene que ver con un trabajo a nivel país, porque son organizaciones muy bien armadas. El crimen organizado lo es, cuenta con muchas cosas de las que el Estado carece, tienen tecnología de exposición, vehículos, hasta protocolos a seguir internos para evitar ser detenidos o detectados.
Además, tienen muy buen manejo de celulares, cada uno de ellos lleva por lo menos 4 o 5 teléfonos de esos que se llaman prepagos y chips distintos para intercambiar, trabajan con telefonía satelital, tienen vehículos 4x4. Y contra todo eso hay que trabajar muchas veces con recursos muy "limitados" que tiene el Estado para enfrentarlo. Es una tarea en la que todos debemos estar involucrados, no sólo los que están dentro de tribunales, sino los que están afuera, incluso los ciudadanos tienen muchas formas de colaborar simplemente manifestando su información y preservando su identidad.
Ambulancias y patrulleros que salen de Salta con droga... ¿qué tan cerca de ser Rosario estamos?
Creo que estamos lejos porque Rosario viene de hace muchos años atrás con esta situación. Debemos recordar los episodios de las primeras grandes organizaciones tipo "mafias" que estaban casi todas vinculadas a la prostitución y a la red de trata de personas internacional, con mujeres traídas directamente de Europa del Este. Ese episodio fue el punto de partida para todo lo demás. Se complicó muchísimo más cuando aparece la droga en todas sus formas, porque trae consigo no sólo el fin de lucro de los que están detrás, sino que trae la lucha permanente por el territorio. Eso significa violencia y entonces las cosas terminan mal.
Creo que en Salta la mayor dificultad que enfrentamos con el tema narcotráfico es el problema "fronterizo", del norte de la provincia: Orán y Tartagal. Ahí tenemos toda la geografía que trabaja en contra, pero además los casos de empleados públicos usando medios del Estado para cometer delitos revelan que de alguna manera el Estado no está "presente". Y cuando el Estado no está presente el delito ocupa ese lugar, hay que hacerse cargo de que eso sea así. Habrá que agilizar tareas de prevención, habrá que impedir que eso siga pasando porque pareciera ser que está muy bien organizado y que tiene demasiadas "complicidades" de ambos lados.
Me parece gravísimo porque la justicia, la policía, son órganos que el Estado ha creado para enfrentar la delincuencia en todas sus formas. Estamos hablando de la justicia penal exclusivamente y lo tenemos que hacer con énfasis, porque mucho tiene que ver la percepción de la imagen pública de la justicia, todo lo que ha “decaído” por cómo funciona la justicia penal. Es muy difícil que uno trabaje en una encuesta, en un muestreo grande, 500 casos para arriba, a nivel provincia o país y trabaje sobre otras justicias que son tan importantes como la penal, pero están en un segundo plano porque tiene una especie de “glamour”, algo que vende más a nivel no sólo de medios sino de audiencias.
Entonces cuando son jueces que tienen competencia penal, cuando son fiscales que tienen competencia penal, cuando son policías que obviamente tienen competencia de auxiliares de la justicia y fallan a ese nivel, el Estado es el principal damnificado porque tiene mucho que ver en la construcción de la “imagen” de todas esas instituciones. Es una gran tarea la de la prevención del delito del narcotráfico que tiene que ver con un trabajo a nivel país, porque son organizaciones muy bien armadas. El crimen organizado lo es, cuenta con muchas cosas de las que el Estado carece, tienen tecnología de exposición, vehículos, hasta protocolos a seguir internos para evitar ser detenidos o detectados.
Además, tienen muy buen manejo de celulares, cada uno de ellos lleva por lo menos 4 o 5 teléfonos de esos que se llaman pagados, prepagos y chips distintos para intercambiar, trabajan con telefonía satelital, tienen vehículos 4x4. Y contra todo eso hay que trabajar muchas veces con recursos muy “limitados” que tiene el Estado para enfrentarlo. Es una tarea en la que todos debemos estar involucrados, no sólo los que están dentro de tribunales sino los que están afuera, incluso los ciudadanos tienen muchas formas de colaborar simplemente manifestando su información y preservando su identidad.
Creo que estamos lejos porque Rosario viene de hace muchos años atrás con esta situación. Debemos recordar los episodios de las primeras grandes organizaciones tipo “mafias” que estaban casi todas vinculadas a la prostitución y a la red de trata de personas internacional, con mujeres traídas directamente de Europa del Este. Ese episodio fue el punto de partida para todo lo demás. Se complicó muchísimo más cuando aparece la droga en todas sus formas, porque trae consigo no sólo el fin de lucro de los que están detrás sino que trae la lucha permanente por el territorio. Eso significa violencia y entonces las cosas terminan mal.
Creo que en Salta la mayor dificultad que enfrentamos con el tema narcotráfico es el problema “fronterizo”, del norte de la provincia, Orán y Tartagal. Ahí tenemos toda la geografía que trabaja en contra, pero además los casos de empleados públicos usando medios del Estado para cometer delitos revelan que de alguna manera el Estado no está “presente”. Y cuando el Estado no está presente el delito ocupa ese lugar, hay que hacerse cargo de que eso sea así. Habrá que agilizar tareas de prevención, habrá que impedir que eso siga pasando porque pareciera ser que está muy bien organizado y que tiene demasiadas “complicidades” de ambos lados.