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Marco de la reunión realizada en ámbitos del Senado.
El problema y la preocupación fue expuesto por el Comité para la Prevención de la Tortura ante la Corte de Justicia de la Provincia.
7 DE Agosto 2024 - 01:26
La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Consejo Consultivo hicieron público que el problema de la superpoblación carcelaria se agudiza en las comisarías y que por ello se presentó un oficio ante la Corte de Justicia para lograr la convocatoria a una mesa intersectorial de trabajo.
Durante el encuentro, que se realizó en ámbitos del Senado, analizaron la problemática de la sobrepoblación carcelaria, en particular de las condiciones de alojamiento en comisarías policiales, avances para la creación de un registro de muertes bajo custodia y acciones de capacitación en materia de ejecución de sentencias.
En base a un trabajo de monitoreo integral de condiciones de detención en comisarías, se detalló que hay alojadas 850 personas "en condiciones de hacinamiento más graves que las que se viven en establecimientos penitenciarios".
Según se informó ante esta situación se presentó un Habeas Corpus ante la Corte de Justicia para tratar de frenar nuevos ingresos, pedir traslado a complejos penitenciarios y para que se convoque a una mesa interinstitucional para buscar soluciones a partir de una política pública.
"El problema de detenidos en comisarías se agudiza en Orán, San Martín, Metán y Rosario de la Frontera, donde procesados conviven con penados; en calabozos abarrotados y un solo baño, casi sin posibilidad de visitas y de salidas al patio, donde dos policías deben ocuparse de hasta 40 alojados", se indicó.
Como alternativa plantearon la alternativa de traslado a granjas penales, con mejor condición de detención y la posibilidad de agilizar libertades a quienes ya les pudiera estar correspondiendo.
Participaron el titular de la comisión, Rodrigo Solá, junto a Ramón Corregidor; Andrés Giordamachi; Cristina Cobos y María José Castillo. Por el Consejo Consultivo, la senadora Sonia Magno y el diputado Luis Mendaña.
Por Derechos Humanos, Mariana Reyes, por el Ministerio Publico Fiscal, Ramiro Tejerina, por el Colegio de Abogados, Ángel Dávila y en representación de organismos de defensa de los derechos humanos, Elia Fernández y Fernando Pequeño.