El Comité para la Prevención de la Tortura en Salta interpuso ante la Corte de Justicia de la provincia un recurso de habeas corpus frente a las condiciones de extrema precariedad en que se encuentran más de 800 personas detenidas en varias comisarías salteñas. La decisión fue adoptada por el Comité que preside Rodrigo Sebastián Solá luego de realizar minuciosas inspecciones a lo largo de los últimos dos años.

Las celdas de las comisarías son alojamientos transitorios para los detenidos, aunque en los casos señalados están funcionando como cárceles supletorias y el resultado es la sobrepoblación y el hacinamiento, una calidad de vida que no es conciliable con estándares internacionales a los que adhirió la Argentina y que tiene, por eso, rango constitucional.

El texto del recurso elevado a la Corte, anunciado ayer por el comité está encabezado por el mandato constitucional de que "toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

El escrito presentado por Rodrigo Sebastián Solá, en su carácter de presidente del Comité Provincial, con la asesoría legal de Tania Nieves Kiriaco está elevado "en favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en las dependencias policiales". El comité está integrado, además, por el vicepresidente, Ramón Rosa Corregidor; Cristina del Valle Cobos; Andrés Giordamachi. María José Castillo es secretaría Ejecutiva y el equipo jurídico está a cargo de Tania Kiriaco.

Las visitas de monitoreo fueron realizadas en las comisarías 3 y 4, y el Cuerpo Policial Femenino de Tartagal, Nro.1 de Pichanal, Nro. 1 de Embarcación, Nro.1 de Rosario de la Frontera, Nro. 1 de Metán, Cuerpo Policial Femenino de Metán, Comisarías Nro. 1, 3 y 4 de Orán, Subcomisaría Nro. 9 y Brigada de Investigación de Orán, y Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa.

Las visitas revelaron "condiciones deplorables de detención que las tornan inhumanas y mortificantes convirtiendo en 'ilegítimas' dichas privaciones de la libertad". El texto explica que "el cumplimiento de penas y medidas cautelares en esos lugares de encierro torna absolutamente impracticables los objetivos de resocialización de la pena con el agravante que se violan los estándares mínimos para el trato de personas privadas de su libertad, configurando supuestos de penas crueles, inhumanas y degradantes, y generando responsabilidad internacional del Estado".

Frente a esta situación solicita a la Corte que ordene las acciones necesarias para que esta situación sea corregida y adecuada a los estándares internacionales. Solicitan especialmente que se realicen visitas in situ, se disponga el inmediato traslado a centros penitenciarios de las personas condenadas y el traslado progresivo a alcaidías de las personas con prisión preventiva. Requieren que se proceda a la clausura y/o, inhabilitación de las comisarías 3 y 4 DUR 4 de Tartagal.

Además reclama la conformación de una mesa de emergencia integrada por representantes de los tres poderes del Estado, Ministerio Público y el CPT Salta y que se establezca "un sistema unificado de estadísticas oficiales a nivel provincial, válidas y confiables, que incluya datos desagregados".

Policías desbordados

El escenario planteado por el Comité destaca que "las comisarías son el eslabón más precario de un sistema de encierro que está colapsado". El alojamiento permanente en comisarías somete a los detenidos a condiciones inhumanas, según este recurso extraordinario, que describe pésimas condiciones edilicias y destaca la ausencia de recursos y funcionarios preparados para gestionar la vida de las personas privadas de su libertad.

Sobre este punto, en declaraciones radiales, la abogada Tania Kiriaco recordó que está aprobada la emergencia carcelaria y puntualizó que las comisarías están desbordadas "ya que son lugares de alojamiento transitorio de hasta seis horas y hay allí personas condenadas hasta con cadena perpetua". La letrada destacó que la situación sobrecarga y supera a policías que no tienen la preparación específica para ser custodios de detenidos.

Se destaca en el recurso de habeas corpus que las celdas están húmedas o inundadas, los baños tapados y sin duchas ni agua caliente. Incluso, señala que muchos detenidos deben dormir en el piso. "Las personas privadas de libertad en las comisarías no tienen elementos de higiene, medicamentos, entretenimiento, trabajo ni acceso suficiente a la salud", añade el escrito.

En las comisarías inspeccionadas, el comité verificó que los detenidos no tienen en general contacto con sus abogados y están aislados de su entorno. En un mismo calabozo comparten prisión "acusados de cometer delitos muy disímiles, personas con largas trayectorias penales junto con otras que son detenidas por primera vez o en instancias de procesamiento".

Solá explicó que se optó por un "habeas corpus colectivo correctivo" por ser la vía judicial "más rápida y adecuada para obtener tutela judicial y facilitar la reparación inmediata de la vulneración de derechos y el acceso a Justicia" y puntualizó que "en el presente caso existe una afectación a una pluralidad de sujetos que requiere de una solución inmediata, igualmente plural. Si se pretendiera dar una solución individual y concreta en cada caso, la acción dejaría de ser un remedio eficaz".