A 13 años del asesinato de las jóvenes ciudadanas francesas y con todo lo que salió a luz hasta ahora, no caben dudas de que no se hizo justicia con Cassandre Bouvier y Houria Moumni, no solo porque no se castigó y se puso presos todos los responsables, sino también porque se impidió en forma grosera y delictiva que se conozca efectivamente la verdad.

Al día de la fecha podrá no tenerse identificados a todos los responsables materiales del abominable crimen, pero si está señalado por Jean Michel Bouvier, Jean Charles Chatard y otros ciudadanos hartos de ver negación de justicia, causas armadas, torturas policiales, inocentes presos y asesinos sueltos quien fue el responsable político de generar, consentir y avalar no solo las irregularidades denunciadas en el proceso judicial, sino también los delitos mismos que existieron en su tramitación.

Ya el 6 de mayo de 2017, en una dura carta, el padre de Cassandre le había expresado sin rodeos al entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey: "Vuestro crédito delante de mí es hoy cercano a cero".

Jean Michel Bouvier adelantó que, en caso de reabrirse la causa, requerirá que Urtubey sea llamado a declarar, para que responda por las "manipulaciones" de la instrucción, "comportamientos inadmisibles" y "un informe trucho" que Cristina Fernández llevó a Francia el 11 de septiembre de 2011. Ese informe, que según Bouvier le entregó Urtubey a la exmandataria argentina para que se lo entregara a él en París, sostenía que en el cuerpo de Cassandre se había hallado ADN de dos de los tres detenidos por el doble crimen: Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera. Poco después, sobre las mismas muestras, forences de Francia determinaron no solo que no había material genético de Vera, sino que hallaron en un hisopado anal ADN de tres personas desconocidas (dos perfiles masculinos y uno femenino) que hasta hoy no se individualizaron porque el juez Martín Pérez no los incorporó al expediente de la instrucción. Después, cuando el abogado de Santos Clemente Vera solicitó acceder al segundo juego de hisopados de la autopsia para una contraprueba, desde la Justicia salteña y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia le respondieron que se habían "extraviado". En el juicio se reveló que la Policía desechó las muestras.

Fuentes allegadas a Bouvier señalaron a este diario que, en caso de que se intente encarcelar nuevamente a Vera sin pruebas, el padre de Cassandre haría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Yo no soy el juez"

Hace pocos días el influencer Michelo sorprendió al exgobernador Juan Manuel Urtubey en un vuelo regular con una dura interpelación. Lo responsabilizó concretamente por el curso que tomaron las investigaciones judiciales de las muertes de Yanina Nüesch, Luján Peñalva, Hourya Moumni y Cassandre Bouvier.

Entre sorprendido e incómodo, el exmandatario salteño le respondió a Michelo con un cortante: "Yo no soy el juez". Si bien fue cierta su afirmación, no menos cierto es que la mayoría de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran en actividad fue designada a lo largo de sus 12 años de gobierno. Michelo, como también Jean Michel Bouvier, Jean Charles Chatard y Gustavo Peñalva, el padre de Luján, responsabilizan a Urtubey por las injerencias, influencias y el sometimiento de la Justicia al poder político.

Puntualmente, el padre de Cassandre, una de las jóvenes francesas asesinadas en julio de 2011, calificó al juez Martín Pérez, a quien el exgobernador destacó por la instrucción de la causa y que después se convirtió en camarista, de "deshonesto", "cobarde" e "indigno" .

Para inferir el nivel de sometimiento y de control sobre la Justicia basta un simple repaso al porcentaje de designaciones de jueces y fiscales que hubo durante su gobierno y los escándalos que estallaron en infinidad de concursos por las calificaciones de antecedentes, pruebas, entrevistas, definición de ternas y acuerdos que el Ejecutivo provincial pidió al Senado para cubrir cargos judiciales.

Salta, en una miniserie que verá el mundo

Nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara sin efecto la condena de Santos Clemente Vera y ordenara su inmediata liberación, aún se espera que la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta enmiende la indebida sentencia por la que el actual Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella se pronunció en abril último a favor del enjuiciamiento de los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, ante un pedido de jury formulado por el diputado provincial José Gauffín.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que inicialmente había considerado "fundada" la acusación, rechazó finalmente el proceso destitutorio de ambos magistrados levantando otro polvaredal de cuestionamientos y presunciones. "Esta fue una clara señal de que la cloaca judicial intentará encarcelar nuevamente a Vera para cerrar la causa con un inocente condenado", manifestó Chatard en diálogo con El Tribuno.

Por estos días, la productora española Bastión Films trabaja en una miniserie que llevará al libro "Francesas: autopsia de un doble asesinato" a la gran pantalla chica a través de Netflix, HBO, Warner, HBO y Amazon. El interés que la radiografía de corrupción política, judicial y policial realizada por Chatard despertó en las grandes cadenas promete superar con creces a "Sophie: un asesinato en West Cork", la taquillera miniserie de Netflix inspirada en los hechos que rodearon al crimen de Sophie Toscan du Plantier, una joven francesa que fue brutalmente asesinada el 23 de diciembre de 1996 en un apacible pueblo del sur de Irlanda al que había viajado en busca de unos días de descanso. Su cuerpo apareció masacrado a golpes. Rápidamente, los indicios apuntaron al presunto autor del crimen, Ian Bailey, un periodista británico al que la Justicia irlandesa dejó sin castigo con una cuestionada instrucción judicial.

En 2014, 23 años después del crimen de West Cork, una Corte de París revisó el caso y lo condenó a 30 años de prisión en ausencia. Bailey escapó a la extradición reclamada por Francia, pero nunca más pudo salir de Irlanda, donde murió en enero último de un infarto, con 66 años de edad, en una solitaria calle de Bantry.

¿Podría en algún momento caer un telón de justicia similar por Cassandre y Houria? Quizás las excepciones y precedentes sentados por la Corte Suprema argentina sobre la cosa juzgada írrita, que abren la posibilidad de reabrir casos por procesos judiciales teñidos con irregularidades sustanciales que conducen a la extrema injusticia, tengan un respuesta más cercana.